El servicio municipal de Vivienda Social ha iniciado en lo que va de año más gestiones que tienen que ver con procesos judiciales relacionados con deudas de alquiler que las formuladas por no poder hacer frente al pago de su hipoteca.
Estos datos coinciden con la aparición de un nuevo perfil de afectado por un proceso en el que peligra la vivienda habitual, en este caso de alquiler, como indican desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Elche. Se trata de una persona con familia que, incluso teniendo trabajo, no puede hacer frente a las cuotas de alquiler de su piso, por estar a tiempo parcial o en precario, por lo que va acumulando deuda y teme ser desalojado y quedarse sin su único techo.
Ahora, según la PAH, «el empleo de mala calidad ha hecho que haya más trajabadores que antes que enfrentan un proceso de desahucio. Es decir, pese a trabajar no pueden hacer frente a ni a alquiler, ya que son contratos a tiempo parcial o de corta duración. El tipo de empleo que existe no da para acceder a la vivienda».
Pese a que en los últimos años no se ha hecho efectivo ningún desahucio, al menos ninguno en el que haya mediado el Ayuntamiento o la PAH -el último se produjo en febrero de 2012-, desde la plataforma destacan la tragedia y situación de estrés que genera el tener que afrontar la pérdida de la vivienda familiar, algo que en ocasiones viven todos los miembros, incluidos los niños.
Tanto el Ayuntamiento como la PAH coinciden en señalar que en la mayoría de ocasiones, quienes se enfrentan a un desahucio, tardan en acudir a pedir ayuda, tanto a la administración como a la plataforma.
No obstante, el servicio municipal de Vivienda Social ha tramitado desde principios de año a 20 afectados por procesos hipotecarios abiertos, que les han llevado a emitir un total de nueve informes de vulnerabilidad que tenían como fin la suspensión el lanzamiento.
Concretamente, este área del Ayuntamiento tiene actualmente siete casos en fase de estudio y ha realizado 12 mediaciones hipotecarias, lo que implica la reestructuración de la deuda y la solicitud de un alquiler social.
Por otro lado, frente a los datos anteriores, se han tramitado 23 casos de afectados por procesos judiciales relacionados con deudas de alquiler en coordinación con los centros sociales. En estos casos lo que se hace es dotar al afectado de una ayuda de emergencia, según indican desde el área de Servicios Sociales.
Además, el Ayuntamiento ha remitido diez solicitudes al fondo social de vivienda. Y, de estos, seis están en trámites por el servicio, mientras que los otros cuatro están en fase de estudio.
Asimismo, en el último año se han otorgado tres viviendas por situaciones de emergencia, como, por ejemplo, la que supuso el derrumbe de un edificio el pasado año y otros casos de necesidad extrema.
Por último, el servicio ha tramitado seis alquileres sociales formalizados con tres entidades bancarias diferentes. En este caso, se trata de casos que vienen de antes de junio del pasado año, en los que se produjo una ocupación ilegal de una vivienda propiedad de un banco y en los que se ha logrado regularizar la situación con las entidades para que no echaran a los actuales moradores.
En total, este área del Ayuntamiento ha recibido un total de 185 atenciones desde enero de este año. De ellas, 40 se han producido en los dos últimos meses y el resto, 145, durante el primer semestre.
La concejal de Bienestar Social, María Teresa Maciá, explica que cuando llega un afectado, el servicio de Vivienda Social valora el caso y, tras ello, una trabajadora social realiza un informe que después sirve para paralizar el desahucio. El Ayuntamiento media con el banco para regularizar la deuda o solicitar un alquiler social y se comienzan a tramitar las ayudas para facilitar los suministros de luz y agua.
Desde la PAH, que mantiene contacto frecuente con el Ayuntamiento, también asesoran a los afectados qué proceso seguir e incluso les derivan al servicio municipal de Vivienda Social.
Una de sus integrantes, Gloria Marín, recuerda que los primeros años de crisis los afectados eran principalmente trabajadores que se quedaron sin empleo y no podían continuar haciendo frente al pago de su hipoteca. Los siguientes en verse afectados por la situación fueron autónomos que, pese a tener algo más de colchón económico, hipotecaron su casa para salvar sus negocios que comenzaron a ir mal por la contención del gasto que llegó tras la crisis.
La PAH calcula que en cinco años y medio ha podido intervenir en entre 80 y 100 desahucios y, de estos, solo uno de ellos se efectuó finalmente. «Era en 2012 y la plataforma aún no era muy fuerte», apunta Marín.
No obstante, «lo normal es actuar antes de llegar a la puerta, y poder parar el proceso sin que llegue el día del desalojo», según apunta la integrante de la PAH.
