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La juez aplaza la vista contra el exedil de Redován acusado de amañar la contrata del agua

La magistrada retrasa el juicio al notar que una de las empresas implicadas no había sido citada

La juez aplaza la vista contra el exedil de Redován acusado de amañar la contrata del agua

El juicio contra un exedil de Redován y un empresario por intentar, supuestamente, manipular la contratación del servicio municipal del suministro del agua potable y el alcantarillado de esta localidad de la Vega Baja ha sido pospuesto para el próximo día 11 de octubre. La vista oral debería haber empezado ayer en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en la Ciudad de la Justicia de Elche, pero un error en las notificaciones propició su suspensión.

El motivo fue que una de las partes implicadas, la unión temporal de empresas (UTE) a la que el exedil de Redován, José Manuel Cartagena, pretendía, según la acusación, dar la contrata de forma fraudulentamente, no estaba notificada correctamente. El caso es que, como el contrato no llegó a firmarse, la UTE nunca se constituyó, por lo que, como explicó la magistrada de la sala, no es posible citar a un actor que no existe. Por eso, se acordó citar correctamente a todas las empresas que pretendían forma la UTE por si tuviesen algún tipo de responsabilidad civil.

Todas las partes presentes ayer en la Ciudad de la Justicia manifestaron su conformidad con el aplazamiento, para dar tiempo al abogado de la empresa que no estaba citada correctamente a examinar el expediente.

En esta causa se pretende juzgar al exconcejal de Servicios Públicos de Redován, José Manuel Cartagena, y al gerente de una empresa que optaba a un concurso municipal, a los que se acusa de un delito de tráfico de influencias.

Los hechos sucedieron en 2010, cuando el Ayuntamiento de Redován inició el trámite para adjudicar la contratación municipal del suministro de agua potable y alcantarillado. Según el escrito del fiscal, los dos acusados mantenían una estrecha relación de amistad en el momento y el exconcejal, miembro de la mesa de contratación, instó al ingeniero municipal a que aumentara la puntuación de la oferta presentada por la UTE del empresario acusado, frente a otras candidatas. El empresario acusado es Antonio Cases, gerente de la mercantil Bluesa, que tenía intención de formar la UTE con la mercantil Acciona.

Finalmente, el contrato fue adjudicado a otra empresa que obtuvo mayor puntuación en la mesa de contratación, por lo que, según el escrito de acusación, una persona no identificada, pero que actuaba por orden del empresario acusado, entró en las dependencias municipales donde se almacenaba la documentación de las candidatas y manipuló documentos de la empresa que había resultado adjudicataria con la intención de paralizar el proceso.

El fiscal pide para cada uno de los dos acusados una pena de un año de prisión por un delito de tráfico de influencias. Además, solicita para el empresario una pena de un año y once meses de prisión, por cada uno de los dos delitos de falsedad documental de los que le acusa.

La denuncia fue presentada por el propio Ayuntamiento socialista contra uno de sus concejales e indicaba que una de las ofertas custodiadas en el edificio consistorial para hacerse con la contrata fue manipulada al entrar alguien a las dependencias en horario de tarde.

El Ayuntamiento de Redován solicita una multa de casi 41 millones de euros a los presuntos responsables de la manipulación de la oferta con la que concursó la empresa ganadora del contrato de gestión del agua potable y alcantarillado en 2010, que, según señala, son el exconcejal de Servicios Municipales, José Manuel Cartagena del PSOE, y el gerente de una de las mercantiles de la UTE que quedó segunda en el proceso de adjudicación, Antonio García Casas.

En el escrito de acusación el Ayuntamiento pide la pena de 5 meses de prisión y 5 meses de multa por el delito de falsedad para Casas, así como 6 meses de prisión y multa de 20.481.000 euros por tráfico de influencias. El Consistorio estima que dicha cantidad es la que hubiera obtenido como beneficio en caso de hacerse con la contrata.

Para el exedil pide 6 meses de prisión y multa de 20,4 millones de euros por un supuesto delito de tráfico de influencias. También solicita que la UTE indemnice al Ayuntamiento con 223.204 euros por el perjuicio causado.

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