Después de varias semanas de pensarlo mucho, de contactos, entrevistas, reuniones y negociaciones con los vendedores que aún resisten en el Mercado Central y con el abogado que les representa, el edil de Mercados, Carlos Sánchez, cada vez es más consciente de que éstos no van a abandonar el edificio.
Por mucho que señale que hay unos que no se mueven de postura, pero que hay otros menos reticentes a abandonar sus puestos, lo cierto es que parte del equipo de gobierno está pensando en cómo afrontar lo que parece un inevitable desalojo del inmueble, una situación que no será fácil para ninguna de las partes.
En el Consistorio no se quieren ver en la tesitura de recurrir, en un caso extremo, a la Policía ni a ninguna otra alternativa parecida, mientras que los vendedores subrayan que, por mucho que diga el Ayuntamiento, solo un juez les podrá obligar a salir de allí.
Sánchez daba a entender ayer que el nuevo desentendimiento entre los placeros del Mercado Central y el Ayuntamiento, de cara a las excavaciones que se tienen que realizar en este espacio, también está enquistado.
El Consistorio ha tratado de convencer en las últimas semanas a los minoristas para que se marchen a otros espacios alternativos, como los mercados de Plaza de Madrid y Plaza de Barcelona.
Pero, al tiempo, también trata ahora de no retrasar por más tiempo el inicio de las excavaciones arqueológicas, imprescindibles y que dictaminarán si se puede llevar a cabo el proyecto previsto por la empresa concesionaria Aparcisa.
Compatible
Para ello, la semana pasada se aseguró, pese a que hasta entonces se tenía otra creencia, que las catas sí podían ser compatibles, al menos en su inicio, con la actividad en el seno del edificio.
En esta línea, según el edil, se ha propuesto que, ya que no quieren deslocalizarse «de momento» en favor de otros inmuebles, al menos que cedan algo y se reagrupen todos los puestos en la planta de arriba.
No obstante, parte de los comerciantes siguen empeñados en mantener sus puestos en la de abajo, pese a los trabajos arqueológicos que tienen que realizarse, lo que según el concejal de Mercados, Carlos Sánchez, es totalmente inviable.
El propio Sánchez aseguraba ayer que el miércoles trató de convencer, por enésima vez, a los propietarios de los puestos para que cedan ante alguna de las alternativas, pero sigue encontrando rechazo entre varios de ellos. Solo algunos, según aseguró, se muestran receptivos.
No obstante, una voz autorizada en nombre de la decena de concesionarios que todavía sigue aquí trabajando, aseguraba ayer que todos han presentado alegaciones rechazando la caducidad de sus concesiones, y que absolutamente todos continúan unidos frente a la postura del Ayuntamiento.
Varias razones
Es más, los que están abajo se niegan a reubicar sus puestos en la parte de arriba por varias razones, según indicaron. Por un lado, si se suben a la primera planta, podrían perder sus derechos, puesto que estarían ocupando otro lugar que no es su concesión original.
Además, en la planta de arriba está el pescado y la carne, que en teoría deberían estar separados de la fruta, la verdura y otro tipo de género. Otra razón es que algunos se niegan a subir las cajas con el género cuando pueden seguir vendiéndolo en la planta baja, además de exponer que poca gente sube las escaleras.
En cualquier caso, el periodo de alegaciones, tras comunicarles el expediente de caducidad de los puestos, acaba entre el 20 y el 21 de este mes, y a partir de ahí, según el edil, si no llegan a un punto de entendimiento, tendrían que desalojarles, «aunque haremos todos los esfuerzos posibles para que la situación sea lo menos traumática posible», reseñó, a la vez que pidió, públicamente, «por favor», que estos comerciantes se bajen de su posición actual.
Las alegaciones presentadas, según el concejal, argumentan que la concesión de los puestos es de 99 años frente a los 50 que apunta el Consistorio. Carlos Sánchez augura, aunque deja claro que es solo su opinión, que los servicios jurídicos municipales van a desestimar sus alegaciones. También apuntilla que este problema se debería haber abordado por el anterior equipo de gobierno. «Es un reflejo de cobardía política», indica.
