La reciente reunión mantenida entre miembros de la Asociació per al Desenvolupament Rural del Camp d'Elx (ADR) y representantes de la Conselleria de Turismo ha dado esperanza renovada a la posibilidad de un desbloqueo de la situación que viven desde hace años los alojamientos rurales en el municipio, que hasta la fecha no han podido acogerse a la figura de casa rural.

En la reunión, el colectivo ilicitano explicó la problemática existente a la directora general de Turismo, Raquel Huete, y el jefe del Servicio Territorial del área, Juan Fabri, que se comprometieron a «trabajar caso por caso», es decir, evaluar cada solicitud por separado atendiendo a las posibles condiciones especiales o singularidades que cada una pudiera contener.

En el mismo sentido, el colectivo del Camp d'Elx destacó que se mostraron receptivos a recoger sus reivindicaciones de cara a la redacción de la futura ley de turismo, en la que ya trabaja la Conselleria. De esa forma, el colectivo del Camp d'Elx realizará las sugerencias que considere oportuno.

Desde ADR recuerdan que, según la normativa vigente, las casas rurales están en primera medida consideradas para turismo de interior y, aunque se contemplan excepciones, «que aparecen en letra pequeña», esto sólo es la teoría, según exponen, ya que «la realidad es que no las ha habido en el campo de Elche».

Todo ello, pese a los intentos de algunos interesados que, al final o han desistido o han optado por ofrecer sus propiedades en el Camp d'Elx como alquiler turístico o un apartamento, según expresan.

De hecho, el presidente de ADR, Pascual Serrano, apuntó que actualmente pueden existir unos cinco interesados en poner en marcha proyectos de este tipo. Es por ello que se mostró esperanzado por que «parece que empiezan a pensar que es importante la puesta en valor de nuestro patrimonio y recursos turísticos». Aunque, «pese a todas estas palabras, lo que necesitamos son realidades», añadió.

Además, «nos gustaría que esto estuviera reglamentado de forma directa, y no que tengamos que hacer uso de las excepciones a la norma», apuntó el responsable. Es por esto que también reivindican que en vez de llamarse un decreto de «turismo de interior», fuera de «turismo rural», con independencia de que esté más lejos o más cerca de la costa».

También desde ADR, Marga Guilló apuntó que estos problemas para abrir establecimientos de esta clase en el campo de Elche inciden negativamente a la hora de no poder ofrecer un turismo rural etiquetado y formalizado como tal en una oferta turística dirigida un tipo de público interesado en la naturaleza, o la ornitología, que está en auge hoy en día, y que vienen además atraídos por enclaves como El Hondo o el Clot de Galvany.

«Este tipo de visitantes busca alojarse en la naturaleza, y no irse a un hotel», expresó Guilló. «Con las casas rurales se tendría la base para poder vender un paquete de turismo rural como tal, con campo, bicicleta, turismo ornitológico senderismo... Además, sería un revulsivo para el territorio ya que supondría reformar casas de campo, con la mano de obra que ello conlleva en albañilería, jardinería... También se comprarían más cosas en el campo, habría más paseos a caballo, y más visitantes para museos como La Alcudia o Pusol. Estamos perdiendo oportunidades».

Además, la responsable apuntó que «en ninguna comunidad autónoma pasa esto. En Baleares puedes encontrar casas rurales en lugares como Ibiza, y también las encuentras en Murcia o Cantabria, por ejemplo».

Por otro lado, la concejal de Turismo Mireia Molla, señaló no tener constancia de que en los últimos años se hayan solicitado este tipo de proyectos, al menos a través de Visitelche.

Además, expresó que desde el Ayuntamiento se entiende que «Elche no puede ser calificado como un municipio de costa sin entender una singularidad como la nuestra, que es tener un porcentaje del propio municipio que es rural».

La siguiente reivindicación de ADR es para el área de Urbanismo del Ayuntamiento, al que solicitarán celeridad en la tramitación de la exención del pago de la Declaración de Interés Comunitario, así como del certificado de compatibilidad urbanística.