La ONG Save the Children advierte de que muchos de los casos de violencia sobre menores permanecen ocultos y no se denuncian. A pesar de las actuaciones en materia autonómica para paliar los casos de violencia infantil, la responsable de relaciones institucionales de la ONG, Almudena Escorial, asegura que faltan mecanismos para que los niños denuncien y esto hace que muchos casos no salgan a la luz.
El Servicio de Atención Psicológica a menores víctimas de agresiones y abusos sexuales en la Comunidad Valenciana atendió en el período de 2015 a marzo de este año 573 casos de atención psicológica básica a menores víctimas de abusos o maltrato en la provincia de Alicante.
De estos sucesos, 87 fueron diagnósticos de estos casos de violencia infantil. Es decir, la primera notificación de que existe algún tipo de violencia hacia el menor y su identificación. El resto de casos, 486, fueron tratamientos. En este caso se refiere a una intervención terapéutica posterior al diagnóstico con la finalidad de paliar las consecuencias que este tipo de problemas causan en los niños como pueden ser la ansiedad, el miedo, la vergüenza o la inseguridad. Hasta 2014, los mayores casos de violencia en la provincia se registraron en niñas, que recogen un 57 por ciento de los episodios. En niños, la cifra se sitúa en un 43 por ciento.
La Ley 12/2008 de protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana establece en su artículo 92.2 que la Generalitat procurará la atención psicológica básica a los menores que sufren desprotección infantil.
Administración poco práctica
Desde la organización Save the Children aseguran que las cifras que se obtienen de las administraciones públicas no son suficientes para reflejar la magnitud del problema por la falta de un sistema de recogida de datos que permita conocer el alcance de la violencia contra los niños.
En la provincia de Alicante, para los casos de desprotección infantil, incluyendo violencia y abusos, rige la Ley 12/2008 de protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad Valenciana. Esta normativa obliga a todos los ciudadanos, especialmente aquellos por cuya profesión detecten una situación de riesgo o posible desamparo (psicólogos, pediatras, maestros...) a que lo comuniquen a los órganos competentes en materia de protección de menores.
En Elche, el órgano encargado de recoger esos datos es el equipo de Familia y Menor, dependiente de la concejalía de Bienestar Social. Se trabajan casos de violencia o se derivan a los órganos del Consell según el tipo de violencia.
Desde este organismo local afirman que los datos que recogen son de atenciones generales sobre casos de violencia infantil, pero no existe un documento en el que se desglosen o estén contabilizados por temática. En las memorias del organismo no se reflejan cuantitativamente si no cualitativamente.
Con la coordinación interadministrativa se obliga a todas las administraciones a colaborar y trabajar en la detección y notificación de las situaciones de riesgo de violencia infantil y a comunicarse y trabajar en red entre sanidad, educación y servicios sociales.
Como los datos y actuaciones contra la violencia infantil no provienen de una sola institución o fuente, sino que actuan juzgados, concejalías, consellerias y ministerios, el acceso de los menores a denunciar un delito puede ser prácticamente imposible a no ser que esté atendido por un adulto.
Estas trabas burocráticas, según Save the Children, se traducen en que a los niños víctimas de violencia les resulte imposible comunicar y entender que están siendo agredidos a no ser que un adulto les acompañe o lo detecte.
Por este motivo, la organización pide que se apruebe una Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral, órganos específicos para la aplicación y seguimiento de esa Ley y mecanismos de denuncia accesibles a los niños. Mientras, la tendencia en la violencia infantil en la provincia de Alicante sigue creciendo año tras año.
