Compromís presentó ayer en el pleno municipal de Elche una moción que sabía de antemano que iba a fracasar. Ningún grupo, salvo Ilicitanos por Elche, apoyó su propuesta de que el Ayuntamiento instara a la Conselleria de Cultura a que declarara Bien de Interés Cultural (BIC) los segundos baños árabes hallados junto al Mercado.

Ciudadanos y PP se le echaron encima, mientras el PSOE y el Partido de Elche, socios de gobierno, fueron discretos para no evidenciar más todavía el distanciamiento que existe en este punto con respecto a los de Mireia Mollà.

La lideresa de Compromís defendió que el BIC general sobre la Vila Murada de 1968 «es ambiguo porque no es visible», que Elche cuenta con dos baños árabes de los cinco que se conocen, y que en esta demanda coinciden expertos y personalidades de Elche y de fuera.

Ciudadanos fue el primero en tomar la palabra para mostrar su sorpresa ante el hecho de que se haga esta petición cuando los baños árabes ya estaban al descubierto hace un año, cuando Compromís entró a formar parte del Gobierno local.

A juicio de David Caballero, lo que se busca es «dilatar más en el tiempo el proyecto del Mercado Central», algo con lo que coincidiría plenamente el PP en su turno de intervención.

«Se inventan la consulta a la Junta Consultiva Central y luego se inventan elevar la consulta al Consell Jurídic Consultiu», lanzaba el portavoz de C's para, a renglón seguido, preguntar a los de Mollà cómo piensan reformar el Mercado Central, algo por lo que este grupo municipal apuesta. «¿Tal vez subiendo el IBI? No son capaces de ponerse de acuerdo. Es inadecuado y, por eso, nuestro voto es en contra», dijo Caballero en una sesión en la que estuvieron presentes representantes de la concesionaria Aparcisa y del mercado provisional.

En el turno del PP, Pablo Ruz comenzó ensalzando la Ley de Patrimonio que aprobaron los socialistas en 1985 y que «consagra la declaración de BIC», para, seguidamente, deslizar que ni los primeros años árabes descubiertos en Elche, ni el antiguo convento de las Clarisas cuentan con un BIC específico y, pese a ello, «gozan de toda la protección».

«El patrimonio está para unir y no para dividir, para buscar consensos. No se puede hacer campaña con el patrimonio», añadía Ruz.

En su primera réplica, Mireia Mollà reprochó a C's que hace un año estuviera en la plataforma a favor de la protección del Mercado Central y que ahora «se haya movido de lado», mientras que al PP le conminó a que garantizara que cada euro de posible sobrecoste a la hora de musealizar los restos islámicos no va a revertir en las arcas municipales, después de señalar que mientras la empresa adjudicataria cuantificaba esta labor en 45.000 euros, los técnicos municipales señalan, según la edil, que supondrá un desembolso de más de 300.000.

«¿Qué diferencia legal hay entre un BIC específico dentro de un BIC más genérico de la Vila Murada?», insistía la de Compromís antes de que David Caballero asegurara que lo que pedía es que se actuara con respecto al Mercado Central, mientras que el PP, está vez de boca de Vicente Granero, acusaba a la primera de hacer «demagogia barata, ser una broncas y montar el espectáculo para su ego».

Granero no perdió la ocasión tampoco para soltarle que la comisión sobre el Mercado Central que ella preside solo se ha reunido una vez y que a la misma no había informado, por ejemplo, de la inspección de Sanidad sobre la insalubridad del Mercado, ni había presentado esta misma propuesta que ahora traía al pleno.

Por su parte, los socialistas no quisieron hacer sangre aprovechando la debilidad de su socio en la actual coyuntura política. El edil de Urbanismo, José Manuel Sánchez, tomó la palabra para justificar el voto en contra de su grupo en la «lealtad institucional" frente a Compromís, una fuerza que se ha llevado un revolcón en las recientes elecciones, mientras el PSOE ha aguantado bastante bien el tipo.

Aunque en el pleno se llegaron a abordar un total de diez mociones, dos de ellas institucionales -en apoyo del colectivo gay, lesbiano, transexual o bisexual, y también de respaldo a afectados por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA)- otra de las que llamó la atención fue la presentada por Ilicitanos por Elche, siempre combativo en el tema de los asesores, y que solicitaba que se dieran a conocer los currículum vitae de los 19 asesores contratados por el Ayuntamiento.

Por sorpresa, todos los grupos respaldaron la iniciativa de la formación de Cristina Martínez, pero Compromís y Ciudadanos no perdieron la oportunidad de ajustar algunas cuentas.

Los de David Caballero recriminaron a Ilicitanos que pidieran «transparencia solo para lo que les interesa», que Cristina Martínez no acudiera a las comisiones, y que, en cambio, solicitara cobrar 1.792 euros al mes como concejala (la edil siempre ha dicho que dona su sueldo a colectivos necesitados o para fines sanitarios). «Lleva cinco meses sin venir a trabajar. ¿Cuáles son sus funciones para cobrar 1.800 euros?», preguntó Caballero.

Esther Díez, de Compromís, cogió el testigo y señaló que ya se puede consultar en la web los sueldos de los 19 asesores y que, en breve, tal y como pide Ilicitanos, se darán a conocer los currículums del personal de confianza.

Pero antes de terminar no pudo evitar manifestar que cuando Ilicitanos estuvo en el tripartito «puso todas las reticencias posibles a hacer públicos los salarios de los concejales», además de apuntar que el gasto de este grupo municipal supone para las arcas 67.865 euros.

Antes de ambas intervenciones, el edil Fernando Durá denunció que tras su salida del Ejecutivo el gasto en asesores creció un 40% y que supone más de 600.000 euros.