En punto muerto, y con dos expedientes abiertos, uno por parte de Costas y otro por parte del Ayuntamiento, tras las denuncias presentadas por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y por el funcionario municipal Marcos Sánchez Adsuar. Así se encuentran en estos momentos las obras del hotel de Arenales, después de que hace tres semanas el Gobierno central decretara la paralización de los trabajos al considerar que la empresa, Princesol, se había excedido de la autorización, que se limitaba a la rehabilitación sin más, y había procedido a la demolición de partes no permitidas, algo que, además, el equipo técnico admitió. No en vano, vinieron a justificarse diciendo que la ejecución no podía salir de otra manera que con derribos, por el mal estado en el que se encontraba el edificio y por los materiales empleados. Ahora, el Ayuntamiento de Elche acaba de realizar una segunda inspección a pie de obra, tal y como se dio cuenta en la Comisión de Urbanismo celebrada ayer, como paso previo al pleno del próximo martes.

Los técnicos municipales ya estuvieron en el hotel de Arenales a mediados de abril, lo que dio pie a que unos días después se emitiera un informe que acabaría en Infracciones Urbanísticas. El documento, a grandes rasgos, ponía el foco en que se había demolido el cerramiento de la fachada de poniente, una caja de escaleras y prácticamente toda la cuarta planta, extremos estos que no estaban contemplados en las licencias de obras que dio la Administración local en su día. Se abría, con ello, el plazo de alegaciones, que se cerraría con la documentación presentada por la empresa y que llegaría a Infracciones Urbanísticas a principios de junio, justo cuando Costas ya había decretado la paralización de las obras, precisamente por los derribos.

Sin embargo, fue el pasado lunes cuando los técnicos municipales regresaron al hotel de Arenales, aunque no salió a la luz hasta ayer, cuando se puso el tema sobre la mesa en el transcurso de la Comisión de Urbanismo. Durante la visita, de hecho, también estuvieron presentes representantes de Princesol, de la UTE y de equipo técnico, para que tanto una parte como la otra fueran planteando sus consideraciones.

Ahora, tras esta segunda inspección, se deberá levantar un acta de conformidad que firmarán todas las partes, a la que seguirá el informe final que determine si es posible legalizar esos derribos que estaban fuera de las autorizaciones municipales y si la empresa debe presentar un nuevo proyecto que permita que el Ayuntamiento dé luz verde a la continuación de los trabajos. En cualquier caso, parece que la resolución aún tardará unos días.

Mientras tanto, también está pendiente de salir la resolución del Gobierno central. De hecho, hace dos semanas representantes del Servicio Provincial de Costas y Princesol mantenían una reunión informativa en la que la empresa expuso el proyecto ya modificado, en el que se admitía que ha habido derribos, pero que poco menos que no pueden hacer otra cosa. En ese momento, desde Costas se comprometieron a dar una respuesta lo más rápida posible a este bloqueo. Sin embargo, hoy por hoy, y con las elecciones del domingo a las puertas, prácticamente se da por hecho que la resolución no estará ya hasta pasadas las elecciones generales.