El temor y la indignación a partes iguales son los sentimientos que mejor definen en estos momentos el estado de ánimo de los palmereros en general y, en particular, de los palmereros municipales. Siempre han recelado de que, al final, por una cosa o por otra, un oficio tradicional como el suyo se acabe muriendo. Ahora esas suspicacias están en sus niveles más altos si cabe. Y es que la falta de homologación de la cuerda -algo que no es nuevo, pero que ahora ha encendido las alarmas- ha provocado que, desde hace algo más de un mes, los empleados municipales hayan dejado de subir a aquellas palmeras que superan los cuatro metros de altura.

Todo empezó el pasado mes de mayo, cuando la Asociación de Palmereros de Elche (Apelx) denunciaba que el colectivo veía amenazado el oficio por la falta de acreditación del sistema que siempre se ha utilizado aquí desde tiempos inmemoriales para escalar las palmeras. Pedía el apoyo de la Administración local para legalizarlo. Eso hizo que se encendiera la luz roja.

Fue así como un técnico municipal de salud e higiene le dijo a la plantilla del Ayuntamiento -unos 16, de los que sólo la mitad suben a las palmeras- que, si seguían trepando por el sistema tradicional, poco menos que era bajo su responsabilidad. Los encargados hicieron lo propio, y parece que empezaron a prohibir sacar las cuerdas. Ante ello, los palmereros, como es lógico, han dejado de ascender a los ejemplares más altos. A lo más que llegan, es a los que no superan los cuatro metros.

Para ellos, el sistema ideal es el de siempre: el de las cuerdas que ellos mismos hacen de nailon con hierro acerado, con mosquetones y arneses. Les da seguridad y estabilidad. Sin embargo, la alternativa que les plantean ahora son las lingas, unas cintas de poliéster que se utilizan para los árboles, y que, como relata desde la experiencia alguno de los empleados, no es un sistema de escalada, sino de sujeción, y que, por tanto, defienden, tampoco está homologado para subir a las palmeras más altas.

La solución, para los profesionales de este oficio con siglos de tradición en Elche, pasa por tramitar la homologación de la actual cuerda que hacen ellos mismos, algo que admiten que podría resultar caro, ya que no saldría rentable para un sistema que sólo se utiliza aquí. Pasa por eso, o por tramitar desde la Administración local una excepción en la legislación de riesgos laborales que les habilite para utilizar los equipos que siempre han utilizado. No obstante, temen que esto, al final, no sea más que una estrategia para acabar privatizando el servicio y que una empresa se haga cargo de las podas de las palmáceas, ya sea a través de grúas -por mucho que sostienen que las máquinas no pueden entrar en los huertos-, ya sea porque la compañía utilice cualquier otro sistema por su cuenta y riesgo. Con ello, sospechan, los palmereros municipales se podrían acabar dedicando a otras tareas.

De momento, todo está a expensas de lo que se pueda decidir en una comisión específica capitaneada por Recursos Humanos para crear un protocolo que pueda poner solución a este problema. Este periódico trató de ponerse ayer en contacto el concejal de Recursos Humanos, José Pérez, sin mucho éxito.

Sí salió en defensa de los palmereros el edil de Palmeral, Antonio García, quien incidió en que, al final, será esa comisión la que deba decidir, pero que de ninguna de las maneras se quiere privatizar y que éste es un oficio que cuenta con todo el respaldo suyo y de su equipo. «Ésta ha sido una asignatura pendiente durante muchos años. Es verdad que en la vía pública la legislación nos deja muy poco margen de maniobra, y es probable que tengamos que recurrir a grúas, pero de ninguna de las maneras queremos privatizar el servicio, porque nos saldría muy caro, y ellos podrían trabajar en los huertos», explicó el regidor. Antonio García, de hecho, puso el acento en que «los palmereros tienen todo mi apoyo, queremos darles cobertura en la Ley del Palmeral, y debemos trabajar para conseguir ese cambio en la legislación estatal, aunque teniendo en cuenta que es estatal».

Mientras tanto, para los profesionales, se ha perdido un mes crucial para poder retirar los dátiles, labor ésta en la que se debería haber empezado a trabajar hace ya un mes. Lo peor, sostiene alguno, es que la situación se pueda prolongar más de la cuenta y, al final, algún ejemplar o una parte pueda acabar cayendo por el peso del fruto. Otros simplemente se tiran las manos a la cabeza. «Este es un oficio tradicional, y lo que están haciendo sería como si alguien tuviera la ocurrencia de ilegalizar el Misteri porque falta seguridad y porque no hay una normativa específica. Al final, es burocracia y ya está», apostillaba un palmerero. Y es que la preocupación y la incertidumbre crece por momentos, pero ellos no están dispuestos a renunciar a este legado que se ha venido transmitiendo de padres a hijos.