Un aluvión de burofax. Eso es lo que ha debido recibir el ya exdirector general de la Institución Ferial Alicantina (IFA), Antonio Galvañ, en las últimas horas para reclamarle que devuelva los 1.300 euros que abonó la entidad por multas de tráfico al coche que el propio Galvañ utilizaba, así como instándole a que justifique o, de no ser posible, proceda al reintegro de los 57.000 euros que cargó en la visa de feria y de los 8.000 euros retirados en cajeros y por disposiciones en efectivo de la caja.
Coincidiendo con la firma del finiquito del exdirectivo, hace ahora tres semanas, salió a la luz que, entre 2008 y 2015, Antonio Galvañ había cargado en la tarjeta de la institución gastos por algo más de 81.000 euros. Sin embargo, lo que hizo saltar las alarmas tanto en el nuevo núcleo duro de IFA como en Valencia, y, en particular, en el departamento que dirige Rafa Climent, fue que no hubiera justificación alguna -o, al menos, ellos aseguraron no haberla encontrado- para 57.000 euros de gastos abonados en la tarjeta. No creían que estuviera todo suficientemente acreditado, a los que se sumaban otros 8.000 euros entre disposiciones en efectivo de la caja y reintegros del cajero.
Ahora bien, si hubo algo que molestó de forma especial eso fue el hallazgo de una treintena de multas, todas ellas por sanciones de tráfico puestas entre 2013 y mayo de este mismo año, por unos 1.300 euros que se pagaron con cargo a las arcas de la institución ferial.
Ante ello, la cúpula del recinto ferial ya ha movido ficha, y ha enviado tres burofax en los que, en el caso de las multas, pide el reintegro, y en el caso de la tarjeta y el dinero sacado en efectivo demanda su justificación o, en su lugar, el abono también de esos importes. De hecho, cuando se pusieron encima de la mesa esas cantidades, desde la propia Conselleria de Economía se habló de la necesidad de que ese dinero se reintegrara, algo que ahora se materializa a través de esos escritos que, además, llegan justo después de que Galvañ haya presentado ante IFA un escrito de reclamación previa para impugnar su despido, que cree que es improcedente. Considera que su contrato no es de alta dirección, sino común.
Coincidencia de fechas o no, lo cierto es que la nueva IFA vuelve a marcar distancias con la etapa anterior y se cubre así las espaldas, ante el informe que ha pedido la Conselleria de Hacienda a la Intervención General de la Generalitat para ver dónde ha ido a parar el dinero que se ha inyectado en los últimos años, y si ha habido algún tipo de sobrecostes en las obras de ampliación.
Sea como sea, las misivas enviadas por IFA a Galvañ van un paso más allá. Le dan de plazo hasta el próximo 30 de junio -doce días contados desde hoy- para que, simple y llanamente, cumpla con lo que marcan los escritos. En caso contrario, la directiva anuncia que emprenderá acciones legales. De hecho, en un primer momento, desde Economía ya deslizaron que, llegado el caso, se plantearían acudir a la Fiscalía para denunciar esta situación. Evidentemente, el anuncio -más allá de que se materialice o no- era más que previsible Desde el principio, el Ejecutivo valenciano cuestionó sin ningún pudor la gestión de Galvañ como director general de IFA, con algún que otro desplante de por medio. Para muchos, tanto en Valencia como en círculos empresariales de la provincia -especialmente en los círculos más críticos con Galvañ- esto no era más que la punta del iceberg.
De momento, el recurso a la Fiscalía ha quedado por el momento en palabras. Sin embargo, ahora, con estos requerimientos remitidos directamente por el nuevo equipo, es la dirección recién estrenada quien abre la puerta a acudir a los tribunales, siempre y cuando os reintegros y las justificaciones no se produzcan, y según se especulaba ayer por la tarde en determinados sectores empresariales, por un supuesto delito de apropiación y, llegado el caso, por otro presunto delito de administración desleal.
