Adrián Vaíllo, el objetor de conciencia que se negó a formar parte de una mesa electoral en Elche en noviembre de 2011, está indeciso sobre si recurrir o no la condena, como autor de un delito electoral, a pagar una multa de 360 euros.

«No reconozco ninguna legitimidad moral a esta condena, pero no huyo de nadie. Yo me limitaré a seguir mi vida con normalidad», declaraba ayer Adrián a través de un comunicado.

La decisión judicial es recurrible, pero el objetor aún no sabe qué hacer: «Por una parte, considero que la conversación, para mí no es otra cosa, que mantengo con la Administración aún no ha terminado. Por otra, no sé si seguir con todo esto sería legitimar, en cierto modo, a un sistema que no busca convencer, sino vencer», apunta el joven.

Cuatro años y medio después, Vaíllo ha sido condenado con una multa de durante tres meses a razón de cuatro euros diarios. Si no la paga, podría acabar en prisión. Además, deberá hacerse responsable de las costas del juicio.

Adrián argumentó ante la junta electoral correspondiente que le era imposible formar parte de la mesa porque su conciencia se lo impedía al no creer en el sistema.