La atención sanitaria universal en la provincia aún está lejos de ser una realidad para las personas migrantes en situación administrativa irregular. A pesar de la entrada en vigor en 2015 del Decreto Ley 3/2015 que regula el acceso universal a la atención sanitaria en toda la Comunidad Valenciana, en la práctica, muchos inmigrantes aún encuentran trabas a la hora de acceder a la sanidad públicasanidad pública.
Según datos de la Conselleria de Sanidad, de las 10.000 tarjetas que el Consell calculó que serían restablecidas en la provincia de Alicante, se han tramitado 2.926. En toda la Comunidad Valenciana se han tramitado 9.323 de las 30.000 previstas. El 90% de estas tarjetas han sido expedidas a personas que no pertenecen a ningún país de la Unión Europea.
Los motivos que llevan a que sólo un tercio de las personas en situación irregular hayan recuperado la atención sanitaria son múltiples. La mayor traba que existe, según afirman desde la ONG Elche Acoge es la obtención del certificado de no exportación, obligatorio para personas originarias de Chile, Túnez, y Perú. Este documento acredita que la persona que solicita la tarjeta sanitaria en España no está cubierta por ningún sistema de salud público similar en su país de origen. El certificado sólo puede conseguirse viajando al país originario o en consulados habilitados a tal efecto y es caro. El problema añadido es que si la persona no dispone de pasaporte no pueden expedir dicho documento, con lo cual se convierte en casi una odisea burocrática entrar al sistema sanitario. Existe también miedo de las personas en situación irregular a tramitar la tarjeta o acercarse a los centros de salud por miedo a que les cobren alguna factura o no les quieran atender.
Residuos del Real Decreto
Aunque legalmente están garantizados los derechos de las personas «sin papeles», Trini Urbán, coordinadora de Elche Acoge, achaca los miedos al poso que dejó el Real Decreto Ley 16/2012 del Gobierno central. Esta norma restringía totalmente el acceso a la atención primaria a personas inmigrantes en situación irregular salvo en casos de urgencia o en menores y mujeres embarazadas. Urbán opina que este decreto hizo mucho daño a la sanidad pública porque «era un decreto cruel» y sembró dudas entre las personas afectadas y los sanitarios que no aplicaban de la misma forma los protocolos de actuación. «Las personas sin tarjeta sanitaria se enfrentaban a la buena voluntad del médico a la hora de ser atendidos o no», afirma la representante de la ONG.
Ahora ya no hay tantos problemas aplicando los protocolos sanitarios adecuados y se debe, en gran parte, por el trabajo de acompañamiento que la Red Acoge en la provincia ha realizado desde 2012. Aún así sigue haciendo incidentes y se han detectado casos, especialmente en centros de salud de la capital alicantina en los que han pedido el certificado de no exportación para tramitar la tarjeta sanitaria a personas marroquíes, cuando este país está exento de dicho trámite. Las leyes no acaban de cumplirse.
Para el Sociólogo de la Universidad de Alicante, Carlos Gómez Gil, el restablecimiento de la atención sanitaria universal es una medida «extraordinariamente importante desde el punto de vista sanitario y de integración» y en su opinión, se debe tener presente que si no se han tramitado más tarjetas es porque en el último año más de un millón de personas en España han retornado a sus países de origen por la crisis económica.
