El 90% de los procedimientos concursales en la provincia -y, por tanto, nueve de cada diez empresas- acaba en liquidación, un porcentaje muy similar a nivel nacional y que, entre otras cosas, evidencia que la actual legislación específica necesita todavía de muchas mejoras para llegar a ser totalmente efectiva.

Esta fue una de las numerosas cuestiones que se abordaron ayer en el Centro de Congresos de Elche, con motivo del VI Foro Concursal de Profesionales, organizado por los colegios de Economistas y Titulados Mercantiles de Alicante.

Francisco Menargues, decano-presidente del Colegio Oficial de Economistas, recuerda que la Ley Concursal salió en 2003 y que, tras modificarse de manera continua, tiene como objetivo que las empresas puedan tener continuidad y no que echen el cierre definitivamente, como está ocurriendo en realidad.

«La liquidación supone vender los bienes de la empresa para pagar a los acreedores. Y se puede vender la empresa en bloque, para que se mantengan los puestos de trabajo, o troceada», añade el experto, quien reconoce que en una parte de los concursos se logra aprobar el convenio de acuerdo, «pero, luego, una parte lo denuncia, no se cumple, se reabre el concurso y acaba finalmente en liquidación».

Este porcentaje del 90% se mantiene en los últimos años, de ahí que, por éste y otros muchos motivos, los especialistas consideren que, a pesar de que se han hecho esfuerzos por simplificar los trámites del procedimiento concursal, todavía se debe profundizar mucho más en este sentido.

Evolución

Si en 2013, ejercicio en el que se alcanzó el techo del número de procedimientos concursales, fue de 9.143, para este año 2016 se prevé que la cifra esté en torno a los 4.000.

En 2014, los registros hablan de 6.564, mientras que en 2015, la cifra fue de 4.919, por lo que el descenso desde 2013 es continuado y significativo, aunque no así las situaciones de insolvencia de las empresas.

«En el primer trimestre de este año el Fogasa ha tenido que intervenir en 3.263 casos de empresas insolventes, de las cuales solo unas mil en toda España acudieron al procedimiento concursal», lamenta el dirigente del Colegio de Economistas.

Para Menargues está claro que la actual Ley Concursal necesita ser más sencilla. De hecho, puso como ejemplo lo que ocurre en otros países europeos: el pasado año en Francia se notificaron 61.000 concursos; en Alemania, 23.000; en Reino Unido, más de 14.000; o en Portugal, unos 10.000. Es decir, en otros países europeos cuentan con una legislación que «invita» a las empresas insolventes a acudir a una solución concursal, y no a bajar directamente la persiana e irse a casa, sin paliar la situación de los acreedores, que es lo que está ocurriendo en España.

Ante este panorama concursal en España, se han introducido, entre otros, nuevos procedimientos para evitar dentro de lo posible estas situaciones: los acuerdos de refinanciación y la mediación concursal. En ambos casos están teniendo una buena acogida entre las firmas con problemas económicos, pero todavía no son mayoritarios los ejemplos.

Los acuerdos de refinanciación son medidas para evitar la entrada en concurso de la mercantil, mientras que en la mediación -que ha crecido un 875 % en España durante el último año, al pasar de 78 a 683 procedimientos- se nombra a un intermediario para llegar a un acuerdo con los acreedores antes de caer en concurso.

El VI Foro Concursal acogió ayer durante todo el día a cerca de 120 profesionales del ámbito concursal, los cuales atendieron a las ponencias de 13 magistrados especializados procedentes de toda España.