El hotel de Arenales del Sol parece la historia de nunca acabar. Cuando por fin se habían resuelto los problemas judiciales y administrativos, para que el complejo, que cerró sus puertas en 1979 (se aperturó en 1963, gracias al sueño del empresario Tomás Durá Bañuls) pudiera iniciar unas obras de rehabilitación, con el fin de estar operativo en verano de 2017, ahora, tras lustros de demoras, resoluciones, vetos, recursos, sentencias y permisos, el hotel vuelve a encontrare con el enésimo escollo.
El 9 de diciembre de 2015 comenzaban las actuaciones para devolverle la vida a la instalación turística, pero, el pasado 30 de mayo, se ordenaba por parte de la Dirección General de Costas que se paralizaran las obras, al entender que se han podido demoler determinadas partes del edificio, algo que, al parecer, no se ajusta a la autorización (circunscrita solo a la rehabilitación) emanada del Gobierno central, al encontrarse en dominio público marítimo-terrestre.
La noticia cogió ayer por sorpresa al equipo de gobierno. Hasta dos concejales, el de Urbanismo y la de Turismo, reconocieron que se habían enterado de la paralización de estas obras gracias a lo publicado ayer en este medio. A partir de ahí, el equipo de gobierno se mostró algo descolocado y sin saber muy bien qué hacer ahora.
El concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, dio a conocer entonces que, «a través de personas que habían puesto en conocimiento del Ayuntamiento» una serie de hechos (no utilizó las palabras ilegalidades ni irregularidades) sobre las obras del hotel, técnicos municipales se habían desplazado hasta Arenales del Sol para elaborar un informe.
Dicho informe, según dijo ayer el edil, se notificó el pasado 12 de mayo a la empresa responsable. «En ese informe se advierte sobre una serie de cuestiones que se pide a la empresa que aclare», expresó el titular de Urbanismo, sin querer entrar en detalles.
Por tanto, la empresa tiene ahora la oportunidad de alegar con respecto a lo advertido por los técnicos municipales. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Elche poco margen de maniobra parece tener.
Aunque la Administración local es la que aprobó la licencia de obras el pasado 5 de diciembre en junta de gobierno, es el Gobierno central el que tiene en realidad el control sobre lo que se puede realizar o no en el inmueble, en primera línea de playa, y su entorno.
«Por resolución de 31 de mayo de 2016 se ha acordado incoar expediente sancionador contra todos los implicados en la realización de las obras que se están ejecutando en el mencionado inmueble por realización de obras no autorizadas en dominio público marítimo terrestre, con la consiguiente orden de paralización y suspensión de las obras», según se recoge en la comunicación oficial que ayer el Servicio Provincial de Costas de Alicante remitió al alcalde de Elche, Carlos González.
En la misma se especifica que el 29 de marzo, 6 y 28 de abril y 12 de mayo se recibieron, en el Servicio Provincial de Costas denuncias, por una asociación de consumidores y por un particular en relación con el desarrollo de las obras.
Ante ello, se iniciaron una serie de actuaciones previas y, posteriormente, varias visitas de inspección sobre el terreno, que han desembocado en la apertura del expediente sancionador, al tiempo que se dan por concluidas las diligencias previas por parte del Servicio Provincial de Costas.
