El destinatario del paquete de documentos impregandos con cocaína, intervenidos en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez el pasado mes de junio, cuando venía de Argentina a Elche, se declaró ayer inocente en el incio del juicio oral que se empezó a celebrar en la Sección Séptima de la Audiencia Provincia de Alicante, con sede en la Ciudad de la Justicia de Elche.

El acusado, que lleva once meses en prisión preventiva, por un supuesto delito contra la salud pública, se sedentendió ayer del contenido del paquete que iba dirigido a él, y que nunca llegó a recoger voluntariamente.

El juicio no llegó a su fin, ya que no se pudo tomar declaración a dos policías que no pudieron asistir a la vista oral, por lo que seguirá en una próxima fecha que aún no ha sido fijada por el magistrado de la sala.

Los hechos que se están juzgando en la Ciudad de la Justicia de Elche se remontan al 18 de junio de 2015. Ese día la Unidad de Análisis de Riesgo del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez detectó un paquete postal procedente de Argentina que resultó sospechoso. En el paquete figuraba el nombre del destinatario y la dirección de la entrega, un domicilio del barrio ilicitano del Pla-SectorV.

El paquete fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción 34 de Madrid, que autorizó su entrega vigilada a su destinatario en Elche.

No obstante, el paquete, según consta en las conclusiones de la Fiscalía, nunca llegó a ser recogido por el destinatario, pese a lo que se procedió a su detención el 6 de julio de 2015.

Al día siguiente de la detección del sospechoso, un auto del Juzgado de Instrucción 2 de Elche autorizó la apertura del paquete postal en su presencia y la del secretario judicial.

Tras abrir el paquete se comprobó que contenía un sobre con documentación, un total de 30 folios, que estaban impregnados con cocaína.

Un análisis detallado del contenido del paquete reveló que la sustancia contenida en los 30 folios era cocaína, con un peso de 382 gramos, y una pureza de 26,2%, por lo que el total de cocaína pura era de 100 gramos.

Según la calificación del Ministerio Público, que ayer trató de ofrecer sin éxito una conformidad al sospechoso, el acusado tenía previsto destinar la sustancia intervenida al comercio ilícito de estupefacientes en España.

Los hechos expuestos por la Fiscalía son constitutivos de un delito contra la salud pública, por lo que se pide para el acusado una pena de prisión de cuatro años y el pago de una multa de 30.000 euros.