Años, en el caso del barrio de San Antón, y meses, en lo que concierne a la barriada de Los Palmerales, es lo que llevamos escuchando por parte de distintas administraciones sobre qué es lo que se va a hacer «próximamente» con dinero público en materia de vivienda en ambas zonas. La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, no pudo concretar, ayer en su visita a Elche, cuándo se va a llevar a cabo la rehabilitación de 276 viviendas de la Generalitat Valenciana en el barrio de Los Palmerales, ni tampoco cuándo se va a empezar a levantar el segundo edificio del proyecto de regeneración de San Antón.
Sí que retomó el discurso de que «rescatamos a las personas», de que «Elche está en el mapa de las prioridades del Gobierno valenciano» y, sobre todo, de culpar al Partido Popular de la situación de espera continúa en que se encuentra San Antón para su remodelación.
«El PP pocas lecciones tiene que darnos sobre cumplimiento de plazos», dijo la consellera, quien afirmó que el convenio de San Antón ha sido el más complejo de recuperar «por la mala gestión y mala planificación del anterior gobierno del PP», que «prometió una serie de inversiones que no llegaron a ejecutarse».
A su juicio, el anterior Consell propició para este barrio y para Los Palmerales una situación de «degradación y abandono en la que los dejó el Gobierno del PP».
Ante ello, la consellera aseguró que en breve se firmará un convenio que garantizará cerca de 7 millones de euros, que aportarían Ayuntamiento, Generalitat y Ministerio, para la construcción del segundo bloque de viviendas -el primero debe acabarse a últimos de junio o principios de julio-; y otros dos millones para rehabilitar 276 viviendas que el Consell tiene en propiedad en la zona de Los Palmerales.
La consellera, que acudió a Elche para presentar la nueva guía de Evaluación Ambiental en el Ámbito Municipal y, posteriormente, se reunió con el alcalde ilicitano, Carlos González, para tratar asuntos referentes a la localidad, también indicó que no se van a permitir ocupaciones ilegales de viviendas de la Generalitat, pero que tampoco se llevarán a cabo desahucios en el parque público si una familia no puede hacer frente a los pagos.
