Recibir un paquete sospechoso puede acabar saliendo muy caro a su destinatario. Un hombre se enfrenta a una pena de hasta cuatro años de cárcel por ser el destinatario de un paquete de folios, procedente de Argentina, que acabó llevando, disimulados entre las hojas, unos 100 gramos de cocaína.
El caso será juzgado este jueves en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en la Ciudad de la Justicia de Elche, donde se analizarán unos hechos que se remontan al 18 de junio de 2015.
Ese día, en uno de los denominados por la policía como «vuelos calientes», la Unidad de Análisis de Riesgo del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez detectó un paquete postal procedente de Argentina, con destino a un domicilio de Elche, que resultó especialmente sospechoso, por lo que fue retenido en Madrid.
Tras retenerlo, el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid autorizó la entrega vigilada del paquete a su destinatario, un hombre que, al parecer, vivía en Elche, en el barrio del Sector V-Pla, con el fin de esclarecer su contenido, y si se estaba ante un supuesto delito. No obstante, el destinatario, un hombre de nacionalidad colombiana, nunca llegó a recoger el paquete voluntariamente.
Aún así, la policía, dadas las sospechas que pesaban sobre el envío, procedió a la detención del hombre. Posteriormente, el juzgado autorizó la apertura del paquete en presencia del detenido.
El paquete contenía un sobre con documentación, 30 folios concretamente, que estaban impregnados con una sustancia que, desde un primer momento, parecía cocaína.
Tras un análisis detallado de los folios, la Policía confirmó que los documentos que viajaban desde Argentina sí que tenían cocaína. Concretamente, el análisis practicado determinó que la cocaína que viajaba con los folios tenía una pureza del 26,2%.
En total, según la investigación policial, los papeles contenían 100 gramos de cocaína que, al parecer, iban destinados al tráfico de drogas al menudeo en la provincia de Alicante.
Por estos motivos, el Ministerio Fiscal solicita para el destinatario del paquete una pena de cuatro años de prisión, así como el pago de una multa de 30.000 euros, por un supuesto delito contra la salud pública.
