Otra patada al Mercado Central. La luz sobre el futuro del viejo edificio de abastos parece que no llega y se enquista más conforme pasan las semanas. Ahora, la legalidad del contrato adjudicado en 2015 por el PP ha dejado de estar en manos de un órgano jurídico estatal para pasar a ser competencia de un organismo autonómico. El Gobierno se ha desmarcado de la valoración sobre si el proyecto es legal o no, tras la consulta elevada por el tripartito por sus dudas sobre si la adjudicataria puede quedarse con dos plazas del aparcamiento subterráneo una vez acabe la concesión. Dudas que llegan ahora, casi once meses después de la toma de posesión de esta Corporación.
Este nuevo obstáculo fue trasladado ayer por la portavoz del equipo de gobierno, Patricia Macià, después de conocer el escrito de la Junta Consultiva de Contratación, en el que se echaban balones fuera y se recomendaba elevar al Consell Jurídic Consultiu sus recelos sobre el contrato.
Así, de una mano en otra, el proyecto, aprobado hace un año por Mercedes Alonso, será estudiado por un organismo autonómico, con consejeros como el expresidente Francisco Camps, del PP, el único partido que en la ciudad defiende el proyecto «a capa y espada». Y es que este consejo tiene, entre sus filas, a Vicente Garrido Mayol, como presidente; a Rafael Díez Cuquerella, exvicepresidente de la Diputación Provincial de Valencia y actual consejero-vicepresidente del Consell Jurídic, además del propio Francisco Camps, como consejero nato.
Ante ello, el tripartito es consciente de que parte de los consejeros del órgano al que ha trasladado el futuro del Mercado Central comparte la misma línea política que los que defienden en Elche tirar abajo el edificio, musealizar los baños árabes y construir un parking de cuatro plantas.
«Lógicamente no es el órgano preferido por el equipo de gobierno para valorar el proyecto, atendiendo a su configuración política, pero entendemos que los juristas encargados de estudiar su legalidad tendrán una voz independiente», apuntó Mireia Mollà, concejal de Compromís.
Última palabra
No obstante, tras la negativa del Estado en tomar parte del Mercado Central, el Ejecutivo local reconoció que no le quedaba otro órgano al que acudir. Por si el enredo fuera poco, sea cual sea la valoración que entre diez y doce días espera recibir el Ayuntamiento, ésta no será vinculante, como tampoco lo iba a ser la que dictaminara la Junta Consultiva Estatal. Esto supone, que, al final, será el tripartito el que tenga la última palabra sobre el edificio.
Pese a ello, desde el tripartito, Mireia Mollà aseguró que la conclusión de los expertos juristas será tenida en cuenta como segunda opinión, ya que los técnicos municipales plantearon la necesidad de resolver las dudas sobre la reversión de las plantas del parking a la adjudicataria.
Mientras tanto, desde el PSOE, el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, prefirió no entrar a valorar hasta qué punto podría ser determinante la resolución del Consell Jurídic.
Ante este escenario, en punto muerto y tras dejar atrás un pleno extraordinario para reclamar una solución urgente para el viejo inmueble, el Partido Popular describió ayer este nuevo movimiento «de poco sentido». Desde el PP, su portavoz Vicente Granero, recordó que en 20 de febrero de 2015 ya hubo una resolución del Tribunal Central de Procedimientos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, que confirmó la legalidad del contrato.
«A este dictamen cabía un recurso al Tribunal Contencioso Administrativo y nadie reclamó nada, por lo que no entiendo qué hace el equipo de gobierno ahora preguntando a otros órganos y encima ni siquiera son vinculantes», afirmó Granero.
