El servicio de seguridad privada de las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana estrena hoy una nueva empresa. La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas cesó ayer el contrato de vigilancia y seguridad en los edificios y locales de los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana a la empresa CECA Seguridad, por incumplimiento de las condiciones, y adjudicó el servicio a la empresa Clece.
De esta forma, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha tratado de resolver el problema denunciado durante los últimos meses por la Federación de Trabajadores Seguridad Privada de la Unión Social Obrera, que presentaron una relación de continuos incumplimientos de la contrata, por parte de CECA Seguridad. Además, según indicaron ayer fuentes sindicales, la empresa ha dejado una deuda de 1,2 millones de euros, que va a tener que ser asumida por la nueva empresa adjudicataria, Clece, y por el Fondo de Garantía Salarial.
El secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades, explicó ayer que la declaración de emergencia firmada por la consellera Gabriela Bravo responde a «la urgente necesidad de garantizar las condiciones de seguridad de las sedes judiciales de la Comunidad Valenciana, ante los reiterados incumplimientos de la empresa cesante, tanto por las obligaciones con la Administración, como con su propio personal, que va a ser subrogado por la nueva empresa».
Y es que, según denunciaron los sindicatos, con el acompañamiento de informes de la Guardia Civil, la empresa ha llegado a incumplir en numerosas ocasiones en cuanto al número de personal, dotando turnos con un solo trabajador, cuando debía haber cuatro. De hecho, según indicaron las mismas fuentes, «ha llegado a haber fines de semana sin ningún tipo de vigilancia privada en las sedes judiciales».
A estos incumplimientos se suma la falta del pago de varias nóminas de todos los empleados, así como los pagos a la Seguridad Social. Concretamente, según informó la Federación de Trabajadores Seguridad Privada de la Unión Social Obrera, a la Seguridad Social se le adeudan casi 400.000 euros. Una cantidad a la que hay que sumar cinco nóminas de un centenar de empleados. En total, desde el sindicato se estima que la deuda que la empresa saliente ha dejado asciende a 1,2 millones de euros.
Esta cantidad deberá ser asumida por la nueva empresa, Clece, y el Fondo de Garantía Salarial. Concretamente, la Conselleria ha acordado que la compañía se haga cargo del servicio y de abonar la deuda pendiente con la Seguridad Social. El resto, las pagas pendientes a los trabajadores, serán abonadas por el Fondo de Garantía Salarial, hasta un máximo de 5.800 euros por persona.
De esta forma, varias fuentes consultadas ayer por este diario apuntaron que se da por hecho que la mayoría de los trabajadores perderán parte de su sueldo, ya que el Fondo de Garantía Salarial no cubrirá el 100% de la deuda. Una cantidad que puede rondar entre los 200 y los 500 euros por cada empleado, o incluso más, pese a que la empresa sí que ha cobrado todo el dinero por el servicio prestado.
Temporal
Desde la Conselleria de Justicia indicaron ayer a este diario que el nuevo contrato con Clece tendrá una duración aproximada de ocho meses. Durante este tiempo, la Administración autonómica intentará preparar un nuevo pliego de condiciones para volver a licitar el servicio.
