El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) comunicó oficialmente el pasado 30 de marzo la sentencia por la cual desestimaba el recurso contencioso-administrativo interpuesto por una decena de vendedores de dentro y del entorno del Mercado Central de Elche y, por tanto, no anulaba el Plan de Reforma Interior (PRI) de este edificio tradicional, aprobado por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente el 11 de junio del año 2013. Pese a ello, ahora los mismos minoristas han decidido no rendirse y han tomado la decisión de recurrir la sentencia del TSJCV ante el Tribunal Supremo.
«La cuestión litigiosa se centra en la impugnación de un instrumento de planeamiento, cual es el Plan de Reforma Interior del Mercado Central de Elche, el cual esta parte entiende arbitrario e irracional por carecer de la debida motivación, además de haberse producido desviación de poder e infracción de las normas que garantizan tanto la información de los ciudadanos afectados por los procesos urbanísticos como la participación ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas», según se recoge en el recurso.
La parte recurrente aduce, por ejemplo, que la memoria del PRI carece de la más mínima justificación, obvia los preceptivos estudios que la ley establece (viabilidad económica, estudio de tráfico, necesidades de aparcamiento...) y califica de obsoleto el edificio del Mercado sin que exista ningún estudio sobre el edificio actual en todo el proyecto, su funcionamiento o necesidades del servicio público.
La defensa de los recurrentes también apunta que se obvian informes de Patrimonio y que la cuestión objeto de debate no es que guste más o menos a la sala la solución ofrecida por el PRI, sino que su «motivación» se reduce a «afirmaciones gratuitas y/o genéricas» carentes de estudios que las avalen y expliquen.
«Es patente que el PRI privatiza el subsuelo del actual mercado y parte del nuevo edificio a construir para financiar la construcción de un gran aparcamiento privado y superficies comerciales privadas, donde se diluye el servicio público del nuevo mercado de abastos, reducido a menos de 600 m2 de los 3.000 m2 del nuevo edificio», arguyen también los recurrentes.
La inexistencia, según el letrado, de publicidad del estudio de integración paisajística ni del proceso de participación ciudadana son otras de las cuestiones a las que se apela en este recurso al Tribunal Supremo.
