La ilicitana Mari Carmen González celebró ayer por la mañana una gran victoria cuando, con la ayuda de la Plataforma Antidesahucios (PAH), consiguió aplazar un mes el desalojo de la casa en la que vive con su marido desde hace 20 años en el Passeig Nit de L'Albà de Elche. Pero es consciente de que la guerra, o en este caso, sus guerras, todavía no las ha ganado, aunque no piensa parar de luchar.

Hace una década que inició las dos peleas más duras de su vida. Por un lado, la crisis acabó con los dos negocios de hostelería que mantenía con su marido y les impidió seguir pagando el préstamo de 100.000 euros que habían adquirido con una entidad bancaria en el año 2004. «Todavía no había llegado la época de recesión y decidimos invertir en un local en Playa Lisa. Al tiempo, se nos juntó que nos subieron el alquiler del bar que teníamos en Elche con la falta de clientela en el nuevo negocio de Santa Pola», relataba ayer Mari Carmen, satisfecha con la presión que había ejercido el centenar de miembros de la PAH que se desplazaron hasta su portal y se desgañitaron con cánticos contra el sistema bancario. En los 30 días que ahora tienen de plazo pretenden pactar con el banco algún tipo de alquiler social que les permita seguir en su hogar.

Entre otras cosas, porque esta mujer no puede vivir en cualquier tipo de inmueble. Mari Carmen González sufre una enfermedad degenerativa que se agudizó también hace unos diez años y la dejó postrada en una silla de ruedas. Según ella misma recuerda, coincidiendo con el inicio de todo el calvario que viven con el préstamo. «Hace dos años, después de mucho pelearlo, conseguí una paga no contributiva de 320 euros al mes por mi discapacidad. Aparte, tengo concedida una ayuda de primer grado de dependencia de 250 euros al mes para pagar el servicio de una mujer que viene a ayudarme una hora cada día. Ahora estoy luchando para me den la de segundo grado, con la que podría sufragar el gasto de alguien que me atendiera las 24 horas. Ojalá que mi enfermedad fuera al mismo ritmo que los trámites en la Generalitat pero, desgraciadamente, es algo que no puedo controlar», resaltó Mari Carmen González, con un toque de ironía, pero con una gran pena por verse envuelta en esta situación.

Un mes para trabajar

Encarni Serrano, una de las portavoces de la PAH, se encargó ayer personalmente de tranquilizar a Mari Carmen y a Paco minutos antes de que llegaran los funcionarios del juzgado. Serrano es consciente de que no es culpa del juez en cuestión que estos procedimientos sigan adelante, «sino de una ley que no tiene en cuenta que la persona afectada se encuentra en una situación de discapacidad total», matizó.

También reseñó que, al ser el primer alzamiento, era fácil paralizarlo con la presión de la PAH en la puerta. «Tenemos de margen hasta el 2 de junio y en ese mes vamos a tratar de encontrar una solución con el banco. En el caso de que no lo consigamos y sigan en sus trece de desahuciar, volveremos aquí. Y no solo todos los que nos hemos juntado hoy -por ayer-, sino muchos más, ya que hay que tener en cuenta que la convocatoria que hemos hecho era solo a nivel local», recalcó.

Los miembros de la PAH felicitaban ayer a Paco, tras el aplazamiento, como si fuera un futbolista que acabara de marcar con su equipo. Mari Carmen González se animó a bajar a la calle con su silla de ruedas para recibir besos y apoyos por parte de los manifestantes. «Esta noche, por lo menos, volveremos a dormir del tirón», dijeron.

Este diario se puso en contacto tanto con la entidad bancaria sin obtener respuesta. Desde el Consell indicaron que iban a estudiar el caso pero tampoco, al menos hasta el cierre de esta edición, concretaron nada al respecto.