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A vueltas con la precariedad laboral en el sector turístico

Empresas critican que licitar con la Administración supone asumir salarios bajos para sus empleados

A vueltas con la precariedad laboral en el sector turístico

El contrato para hacerse con el servicio de información y atención al público del Centro de Visitantes de Elche, ubicado en el Parque Municipal, ha servido de ejemplo para poner de manifiesto que mientras los gobiernos «progresistas» hablan de luchar contra la precariedad laboral, sus acciones no terminan de acompañar a sus buenos deseos.

Con la reivindicación del Primero de Mayo aún reciente, los empresarios saben que trabajar para la Administración pública, después de todos los casos de corrupción y connivencia con algunos partidos políticos, es sinónimo ahora de hipervigilancia y de contratos a la baja.

Este asunto lo pusieron sobre la mesa en este diario hace unas semanas al menos dos empresas ilicitanas que se dedican también a ofrecer servicios turísticos, que advirtieron que, cada año que pasa, el precio de referencia para contratar a, en este caso, los guías del Centro de Visitantes, desciende en cada adjudicación.

Las críticas iban dirigidas a Visitelche, el órgano autónomo del Ayuntamiento de Elche, que ha sacado recientemente este contrato para el servicio de información y atención al público del Centro de Visitantes por un importe máximo de 54.108 euros.

Visitelche optó por un proceso negociado sin publicidad al que invitó a cuatro empresas. Solo dos se presentaron: Desarrollo Local y Servicios Turísticos Avanzatour, de Elche; y Esatur XXI, de Alicante.

No solo estas dos, sino una tercera empresa que optó finalmente por no concurrir, coinciden en señalar que los precios que se están poniendo como referencia -en este caso concreto como máximo 12,47 euros más IVA por una hora de trabajo para una persona con al menos dos idiomas y que sepa explicar la historia y la cultura de Elche- están por los suelos.

Una firma ilicitana decidió no acudir al concurso porque entendía que, si tenía que presentar una oferta por debajo de 12,47 euros por persona y hora, pagar Seguridad Social y además hacer frente al coste del uniforme, no le merecía la pena económicamente hablando.

Desde la empresa ilicitana que sí ha concurrido, Avanzatour, se afirmaba ayer que se habían presentado, pero sin poder ofrecer una rebaja del precio de referencia que dispone el pliego de condiciones, ya que consideran que pagar menos de 12 euros a una persona bilingüe por una hora de trabajo, es un salario ya de por sí bajo.

Desde la segunda empresa aspirante, Esatur XXI, también se afirmaba ayer que el precio es, a todas luces bajo, pero se añadía que éste es igual de escaso que lo que se cobra por prestar este servicio en el aeropuerto de Barajas o en Puerta del Sol de Madrid. Es decir, el precio es muy justo ahora mismo en casi cualquier administración y bajo cualquier color político.

Esta firma alicantina -que desde hace cerca de 6 años se viene haciendo cargo no de este, pero sí de otros tipo de servicios turísticos vinculados al Ayuntamiento de Elche, desde la época del Gobierno de Alejandro Soler y Àngels Candela- lo asegura con conocimiento de causa, ya que es la empresa que se encarga de las oficinas de turismo de Madrid, de Murcia y de distintos ayuntamientos de la provincia, incluido el de Alicante, además de atender en más de 20 museos y contar con más de 200 empleados.

Por su parte, la edil de Turismo ilicitana, Mireia Mollà, recuerda en primer lugar que este contrato ya estaba elaborado previamente antes de que ella tuviera que asumir esta responsabilidad, pero es que, además, se consultó a Intervención y la respuesta que se obtuvo de los técnicos es que no se puede multiplicar la cuantía de una contrata libremente, sino que debe estar siempre sujeta a una justificación totalmente técnica y no puramente caprichosa.

Pero, además, subraya que Visitelche no está contratando a trabajadores, sino un servicio y que, por tanto, la Administración pública no se puede meter en la empresa y decirle cuánto debe pagar a sus empleados. Es más, se puede subir el precio de la contrata y luego el empresario decidir seguir pagando al trabajador lo mismo.

Y como ejemplo pone a Urbaser, la empresa de la limpieza en la ciudad, en la que el Ayuntamiento puede elevar la contrata, pero no puede imponerle a la mercantil el salario que debe abonar a sus trabajadores.

Junto a ello Mollà ponía ayer otro ejemplo en favor del tripartito y es que recientemente se han aumentado las dos contratas de limpieza de centros educativos y edificios públicos, en los cuales se hace referencia a mejoras salariales para los empleados, de ahí que rechace de pleno que el Gobierno ilicitano haya dejado caer los brazos cuando hay un trasfondo de precariedad laboral.

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