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El auditor cifra en 1,1 millones la desviación del gasto en Riegos de Levante entre 2010 y 2013

El informe pericial constata que la anterior directiva superó 4 años los importes presupuestados

El auditor cifra en 1,1 millones la desviación del gasto en Riegos de Levante entre 2010 y 2013

El auditor al que el Juzgado de Instrucción 1 de Elche encargó revisar las cuentas de Riegos de Levante ha acabado y ratificado su informe judicial ante la juez. La prueba pericial se solicitó en el marco de una querella por delitos económicos presentada por Javier Berenguer como presidente de El Canal contra quienes dirigían hasta otoño de 2015 Riegos de Levante, en concreto en el tema económico contra el expresidente, Manuel Serrano, y el exgerente, José Manuel Miralles Moll. Berenguer exponía en su querella sus sospechas sobre diversos delitos relacionados con una administración desleal de la comunidad general de regantes, desvío de subvenciones a fines distintos a los solicitados o toma de decisiones en la contratación de productos bancarios no autorizados por la asamblea y gastos e inversiones muy superiores a los presupuestados. El informe pericial, al que ha tenido acceso este diario, viene a repasar, punto por punto las posibles irregularidades relatadas en la querella en una especie de cuestionario de puntos de verificación, y confirma en cierta medida algunas de las acusaciones (que el juzgado tendrá que determinar si son o no delito), por lo que el presidente de El Canal (que ahora es también presidente de Riegos de Levante y está representado por el penalista Ignacio Gally) asegura que queda claro que su querella no tenía fines electoralistas sino que buscaba defender los intereses de los regantes de su comunidad.

Entre otras cuestiones, el perito señala que las operaciones de permuta financiera formalizadas con tres entidades bancarias excedieron los préstamos de referencia contratados para la modernización del regadío hasta en 2,5 millones de euros. Ese exceso, prosigue el informe, supuso un sobrecoste repercutido a la comunidad de El Canal de casi 1,5 millones de euros.

Por otro lado, dictamina que entre 2010 y 2013 se efectuó un gasto de 1,1 millones de euros más de lo que estaba presupuestado y aprobado por la asamblea general, una situación constante en los cuatro años y que se sitúa especialmente en los capítulos de sueldos, salarios y Seguridad Social en todos los ejercicios. En cuanto a las inversiones, el auditor refleja que tampoco se cumplieron las previsiones, tanto por exceso como por defecto. Así, si en 2010 y 2012 se invirtió menos de lo presupuestado, llegando en 2012 a inyectar solo el 2% de lo previsto (de 306.000 euros a solo 7.296); en 2011 y 2013 la situación fue la contraria, hasta el punto de que en 2011 se invirtió ocho veces lo presupuestado (de 20.000 euros a 167.000, un año en el que se contabiliza la compra de un vehículo a una empresa propiedad del expresidente por 35.000 euros, algo que, según el querellante, está prohibido por los estatutos, que impiden que el presidente tenga negocios con la Comunidad).

Asimismo, el informe también señala que a finales de 2013 la junta de gobierno aprobó contratar operaciones financieras por hasta dos millones de euros pero que, al margen de esto, se aplazó una deuda con la Confederación Hidrográfica del Segura por importe de un millón que generó unos intereses de demora del 5% y que eso hace crecer la recapitalización financiera total por encima de lo aprobado.

En otro apartado, el perito refleja que una parte de las subvenciones concedidas por la Conselleria de Agricultura para financiar las obras de modernización del regadío (en concreto 1,7 millones de euros) no se aplicaron a amortizar los préstamos bancarios, lo que habría supuesto reducir la carga a los comuneros de El Canal. El perjuicio que eso produjo a los regantes, continúa el informe, ascendió a 160.000 euros en concepto de intereses.

Sin embargo, el perito nombrado por el Juzgado sí que muestra su oposición con la querella en el aspecto de que se hubiera llevado una doble contabilidad, aunque refleja «incidencias significativas» entre la contabilidad y los importes presentados a la Agencia Tributaria, pero no por una contabilidad paralela sino por «una llevanza poco adecuada de la gestión contable de la Comunidad General» que provocó trasladar a Hacienda datos incorrectos.

El informe pericial forma parte de las pruebas que se están practicando en la fase de instrucción judicial, que aún no ha terminado, y tras la cual las partes (querellante y querellados) presentarán sus conclusiones provisionales y propondrán o abrir juicio oral o sobreseer el procedimiento.

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