La asociación de Afectados por el Ruido anunció ayer que va a formalizar dos recursos de casación contra sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que sea el Tribunal Supremo el que se pronuncie sobre las ordenanzas municipales que amparan la instalación y ubicación de terrazas de hostelería y que regulan cómo se hacen las mediciones acústicas para sancionar a quienes excedan del nivel permitido. La abogada Manuela Navarro explicó ayer en nombre de la asociación los dos recursos. Por un lado, impugnaron la ordenanza contra la contaminación acústica por ruidos y vibraciones (de 2012), obteniendo una sentencia que estimó parcialmente su demanda y que pretenden casar en el sentido de que la norma municipal y la autonómica no se ajustan a derecho. La clave es que exigen dos mediciones acústicas, una previa y una posterior, para comparar el ruido con el emisor acústico parado. Para la agrupación de vecinos, eso equivale a «avisar» a quien está generando un ruido excesivo, lo que en la práctica conlleva que las mediciones siempre den resultados menores que la realidad y no haya posibilidad de obtener pruebas de los incumplimientos. Por eso, solicitan que se modifique la norma ajustándose a la estatal y europea, que señalan que la medición ha de ser una. De ese modo, explica, permite hacerla de forma sorpresiva y medir la realidad sonora.
En segundo lugar, la agrupación impugnó la ordenanza municipal de actividades económicas (aprobada en 2013), que regula la instalación de terrazas, mesas y sillas en la vía pública. La demanda inicial pretendía anular por completo el articulado, y aunque el TSJCV no les ha dado la razón tampoco les condena en costas. En este sentido, la letrada expone que se va a recurrir en casación que se puedan adosar a las fachadas de los edificios, como permite la ordenanza, porque la normativa estatal sobre accesibilidad en espacios públicos e igualdad de oportunidades establece que se ha de respetar un itinerario accesible a personas invidentes entre las fachadas y los obstáculos urbanos, también por motivos de seguridad en emergencias y evacuaciones. La asociación hace suyo el argumento de la accesibilidad porque considera que converge con sus intereses, puesto que si las terrazas están más alejadas de las fachadas habrá calles en las que no puedan instalarse y los problemas de ruido serán potencialmente menores. Esta circunstancia se daría en calles como Empedrat, San Pedro u Hospital.
