El pleno ordinario de Elche se caracterizó ayer, entre otras cosas, por la falta de contenido en el orden del día programado. Tan solo hubo dos puntos: la modificación del presupuesto para hacer frente a un pago de 407.000 euros a Urbaser, la empresa de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos, después de que el equipo de gobierno acusara al PP de mantener el encargo oculto y además de ser irregular; y la modificación de las tarifas para el servicio de agua, alcantarillado y conservación de contadores para que las víctimas de violencia de género tengan una bonificación. A partir de aquí, ocho mociones de los grupos políticos, algunos ruegos y preguntas y tres intervenciones de ciudadanos. Es decir, a priori un pleno flojito en cuanto a políticas para mejorar la vida del día a día de la mayoría de los ilicitanos.
No obstante, algunas mociones sí dieron juego -como la creación, a propuesta de la oposición, de una comisión política y social, aunque no vinculante, para fijar las líneas del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)-, mientras que la habitual bronca tampoco faltó. Así ocurrió con la polémica de los 407.000 euros que ayer se aprobó pagar a Urbaser, con desgana del equipo de gobierno e incluso con los votos en contra de Compromís, socio de gobierno.
La edil de Hacienda, Ana Arabid, habló de «actuación irregular», de que no había dotación presupuestaria para el encargo y de todos los reparos que Intervención efectúa ahora y hubiera efectuado si en su día se le hubiera encargado el correspondiente informe.
«Es un acto nulo de pleno derecho, sin fiscalización previa del gasto y ni se aprobó por el órgano competente», manifestó por su parte David Caballero (Ciudadanos) tras ponerse sobre la mesa que el PP de Mercedes Alonso autorizó, fuera de la contrata con Urbaser, aumentar el servicio de limpieza de la ciudad justo en los meses previos a las pasadas elecciones municipales, lo que supuso unas 40 nuevas contrataciones.
El PP, a través del edil Vicente Granero, se defendió diciendo que el Ejecutivo solo trataba de desviar la atención y de esconder la inacción del tripartito, así como su «gestión nefasta en limpieza», al tiempo que aseguró que cuando PSOE y Compromís dejaron de gobernar en 2011 dejaron «15 millones de facturas» en este sentido. «El convenio permite, en algunas cuestiones, refuerzos», agregó Granero.
Ana Arabid contestó entonces que no era posible encargar servicios extraordinarios; Jesús Pareja (Partido de Elche), que fue un «procedimiento ilegal»; mientras Mireia Mollà (Compromís), afirmó en varias ocasiones que el PP «acudió dopado a las elecciones», al tiempo que preguntó por qué Urbaser no pasó mes a mes las facturas de este servicio añadido y sí las presentó en el mes de junio, con las elecciones ya celebradas.
«Sobraba dinero»
Al afirmar Mollà que se contrató, por tanto, «al margen de los trámites legales y administrativos», Granero replicó que Compromís «viene al pleno a armar el lío y desviar la atención», para apuntar también que los técnicos «no pidieron el informe de Intervención porque entendieron que iba a sobrar dinero, como así fue».
Tras aprobarse este punto y el de la bonificación en el recibo del agua para las víctimas de violencia de género, con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero, comenzaron a desfilar las distintas mociones.
Una de las más destacadas fue la del PP para crear una comisión con el fin de definir las líneas básicas del nuevo PGOU de Elche en paralelo a otras mesas de expertos ya constituidas.
La moción, que finalmente fue aprobada por todos los grupos, fue enmendada parcialmente por Ciudadanos, grupo que propuso que dicha comisión estuviera formada por todos los grupos políticos, que promoviera la máxima participación de los ciudadanos y los colectivos interesados en la redacción del PGOU, y que no se remunerara a los miembros por su asistencia.
También consiguió sacar adelante un detalle importante: que esta mesa de trabajo tenga «carácter consultivo no vinculante», es decir, que no sea obligatorio cumplir lo que esta comisión política y social proponga.
Otra cuestión también de interés que se extrajo ayer del pleno fue el anuncio del edil de Promoción Económica, Héctor Díez, de que este próximo jueves, dentro de la convocatoria del Consejo Social, se constituirá un grupo de trabajo o mesa para luchar contra la economía sumergida en el municipio.
Fue a raíz de la pregunta sobre este tema por parte de un ciudadano, José Francisco Lara, de Podemos, cuando Díez informó que la composición de esta mesa no está cerrada, que se pretende que haya la mayor representación posible, al tiempo que avisó de que acabar con la economía sumergida no será cuestión de uno ni de dos mandatos.
