Municipal

El pleno aprueba crear una comisión para trazar las líneas generales del futuro PGOU

Críticas al PP por encargar limpieza viaria extraodinaria en los meses previos a las elecciones municipales de 2015

25.04.2016 | 16:52
El pleno de Elche, esta mañana

El pleno de Elche ha debatido hoy la polémica por la factura de 400.000 euros que "se ha encontrado" el equipo de gobierno de la gestión anterior del PP por unos servicios extraordinarios de limpieza diaria justo antes de las elecciones municipales de 2015.

Compromís, Ciudadanos, PSOE y PP se han enzarzado en este asunto. Comprimís ha hablado e que el PP concurrió a las elecciones "dopado" al contratarse 40 personas para este asunto. Ciudadanos también parecía parte del equipo de gobierno al amonestar por esta cuestión al PP. El PSOE ha hablado de que el PP incurrió en una evidente irregularidad pero que el Ejecutivo tenía que autorizar estos pagos cuando no estaban contemplados en la contrata. El PP se ha defendido señalando que había dinero para ello aunque no se encargara ningún informe técnico, y que con el PSOE y Comprimís en el periodo 2007-2011 se registraron 14 millones de facturas por una cuestión similar.

También, a propuesta del PP y con una enmienda de adición de Ciudadanos, se ha aprobado crear una comisión para generar las directrices básicas de cara a la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En esa comisión estarían representadas todas los partidos de la ciudad ilicitana.

En la sesión plenaria, el portavoz adjunto popular, Vicente Granero, ha manifestado que, desde 1998, las fuerzas políticas han estado a favor de una revisión del PGOU de Elche, ya que el actual "no está adaptado a la nueva normativa urbanística, ni recoge las necesidades de la ciudad con vistas a los próximos años".

Además, el grupo municipal de Ciudadanos (C's) ha presentado una enmienda de adición, aceptada por el PP, para que la asistencia a las reuniones de dicha comisión esté exenta de remuneración para los miembros de la corporación municipal y que el citado organismo esté presidido por el alcalde de Elche, el socialista Carlos González.

El concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez (PSPV-PSOE), ha dicho que su grupo apoyaba esa propuesta, a diferencia del PP, que, en 2012 y con los populares en el gobierno local, votó en contra de la creación de ese organismo, según ha asegurado el edil.
De forma paralela a esa comisión, se continuará con los debates sobre el modelo de ciudad con expertos y colectivos, fruto del convenio del Ayuntamiento de Elche con el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante y el de Aparadores, para impulsar medidas a plasmar en el futuro PGOU.

Por otra parte, ha recibido el sí de los seis grupos municipales la propuesta de Compromís para que las treinta pedanías ilicitanas puedan incluirse en las líneas de subvención de la Diputación de Alicante dirigidas a municipios de menor tamaño.

También ha prosperado en el pleno la iniciativa de Ilicitanos por Elche de pedir a la Conselleria de Sanidad dar marcha atrás en su intención de trasladar a Valencia la coordinación de emergencias y urgencias extrahospitalarias de la provincia de Alicante y de crear un nuevo protocolo de atención en el teléfono 112.

Además, se ha aprobado por unanimidad una moción de C's para la constitución de una comisión permanente de seguimiento de acuerdos plenarios, así como la propuesta de informatizar el registro de objetos perdidos y el servicio de grúa a través de la web municipal.

Igualmente, el pleno ha refrendado una moción del PP para desarrollar medidas específicas dirigidas a apoyar a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y una solicitud del Partido de Elche de rehabilitar la torre vigía de Estany situada en la partida de Alzabares.

La única moción que no ha contado con el respaldo de toda la corporación, aunque ha salido adelante con los votos a favor de socialistas, Partido de Elche y Compromís y las abstenciones de PP, C's e Ilicitanos por Elche, ha sido la de la petición de la derogación de la Ley de Racionalización de la Administración Local.

La portavoz del PSPV-PSOE, Patricia Maciá, ha afirmado que esta ley del PP, que ha contado con el rechazo de la oposición en el Congreso de los Diputados y de cerca de 3.000 consistorios, "pone en peligro la continuidad de los servicios sociales que presta el Ayuntamiento".

Por su parte, desde el PP han explicado que su abstención a ese punto se debe al hecho de estar de acuerdo en la necesidad de que el consistorio siga con la gestión de los servicios sociales, pero, por el contrario, la ley "ha corregido los desmanes presupuestarios de algunos ayuntamientos".

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