El concejal de Limpieza, Héctor Díez, hizo público ayer tras la Junta de Gobierno Local que ha sido necesario aprobar un decreto de modificación de créditos por valor de 407.000 euros para pagar tres facturas de Urbaser correspondientes a 2014 y 2015 por contrataciones extraordinarias de operarios que no contaron con expediente de Contratación ni se sometieron a la fiscalización previa de Intervención. Esa contratación se hizo «a dedo», dijo ayer Díez, porque no se sometió a ningún control, y coincide con el periodo previo a las elecciones municipales, lo que para el socialista sugiere que «no parece tanto que la decisión (de contratar personal extra) vaya enfocada a una mejora general de la limpieza en Elche, sino a mejorar el servicio en unas fechas muy sensibles desde el punto de vista electoral».
En concreto, se trata de una factura de 30.647 euros por la contratación de 20 operarios en diciembre de 2014, otra de 9.057 euros por la contratación de otros 20 operarios para los días 1, 4 y 6 de enero de 2015, y una tercera de 367.348 euros para la contratación de 40 trabajadores de fin de semana para el periodo de enero a mayo de 2015, en todos los casos para barrido de vía pública y en periodos de fin de semana (además de algunos festivos). Estos contratos extraodinarios tienen ahora reparos de Intervención y tendrán que aprobarse en pleno, por lo que el concejal pidió «responsabilidad» por parte del PP al entender que toca pagar porque el servicio se prestó.
El edil añadió que desconoce la identidad del personal que consiguió el empleo. Asimismo, sostuvo que en diciembre de 2011, el PP aprobó modificar el contrato con Urbaser y prorrogarlo hasta 2019, entre otras cosas derivando 50 operarios de barrido a la recogida de residuos sólidos urbanos, consiguiendo de ese modo ampliar a los siete días de la semana la recogida, pero dejando los fines de semana sin barrido (nueve meses al año los sábados por la tarde y los domingos, y durante el verano ambos días completos). Esa modificación prohibía expresamente las contrataciones extraordinarias, considerándolas incluidas en el contrato completo (que supera los 20 millones de euros), por lo que el edil valoró ayer que «si después se decide la contratación de estos servicios, se está poniendo de manifiesto que lo que ellos mismos aprobaron no responde a las necesidades de limpieza de la ciudad y además cuando solo quedan cinco meses para las elecciones».
Toda esta información se remitirá al Tribunal de Cuentas «para que examine el procedimiento por si tuviera que tomar alguna medida, por las responsabilidades que pudieran derivarse». El edil añadió que cuando el actual equipo de Gobierno ha pretendido realizar contrataciones extraordinarias Intervención lo ha prohibido, por lo que supone que la misma advertencia se le haría al PP, que sin embargo optó por contratar «con solo una instancia firmada por el concejal de entonces, el jefe de sección y el responsable del contrato en aquel momento», ordenando además expresamente a cuántas personas había que contratar.
«Desconocimiento»
El grupo municipal del PP manifestó ayer en respuesta su «absoluto desconocimiento de esta denuncia de presunta irregularidad, entendemos que los servicios técnicos responsables del departamento de limpieza vieron oportunas y legales las contrataciones y aconsejaron realizarlas». En este sentido, el PP pedirá el expediente en la Comisión de Hacienda para revisar la documentación.
Asimismo, añadió que «nos parece una absoluta maniobra de distracción en cuanto al mal funcionamiento que está teniendo el servicio de recogida de basuras desde la llegada del tripartito, que llegó al colmo en Navidad y Año Nuevo con la ciudad sin limpiar y algunos contenedores llenos a rebosar: nos parece indignante esa dejadez y una tomadura de pelo que se quiera tapar con una sanción de 10.000 euros a una empresa que percibe unos 24 millones de euros al año», especialmente, dicen desde el PP, «teniendo en cuenta que la propia interventora advirtió de que el presupuesto general del Ayuntamiento incumplía la Ley de Presupuestos del Estado».
