Los recursos contencioso-administrativos que interpuso el Ayuntamiento de Elche en el pasado mandato para intentar que Correos no cortara el servicio de reparto postal casa por casa a las viviendas rurales dispersas cortara el servicio de reparto postal tienen pocos visos de prosperar. Apenas ninguno, y el actual equipo de Gobierno da la batalla por perdida, sin intención de recurrir, puesto que la Audiencia Nacional ya le ha dicho en el primero de seis recursos que no está legitimado para pleitear y que no es parte en el conflicto entre Correos y los vecinos. Es decir, que no tiene nada que hacer en los tribunales. Más aún, la sentencia avanza que ese va a ser el criterio en los siguientes recursos, puesto que así se está resolviendo también para otros municipios en conflictos similares.
Correos inició hace unos años la declaración de «entornos especiales» para las zonas de poca población y de viviendas dispersas, una categoría que se aplica según un criterio igual para todo el territorio nacional por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En el caso de Elche, se declararon con esta categoría diversas zonas del campo y del entorno del casco urbano y se informó a los vecinos de que o bien recogían el correo en su oficina de Correos correspondiente o bien instalaban unos casilleros de buzones similares a los que se colocan en las puertas de las urbanizaciones para que el cartero llevara todas sus cartas a un mismo punto. El coste de instalarlos, el mantenimiento, el temor a posibles actos vandálicos y la molestia de no recibir las cartas en el buzón de casa llevaron a muchas agrupaciones de vecinos a oponerse y a reclamar al Ayuntamiento que actuara para defenderles, sintiéndose ciudadanos de segunda por ver recortado un servicio público. El Consistorio, aún en mandato del PP, interpuso entre 2014 y 2015 varios contenciosos y los resultados están apareciendo ahora.
El concejal de Urbanismo, Territorio y Vivienda actual, José Manuel Sánchez (PSOE), concreta que se pusieron un total de seis recursos en defensa de los vecinos de La Loma, La Galia, Lucero, Peña de las Águilas, Santa Fe y Los Pinos. Pues bien, el primero de ellos ha sido ya inadmitido por la Audiencia Nacional, que señala en su sentencia que «no aprecia la Sala que en la decisión de si el correo se entrega dentro de una urbanización privada en cada casa o en un buzón único pluridomiciliario, el ayuntamiento en cuyo término municipal se encuentra situada la referida urbanización, por este mero hecho, tenga legitimación para impugnar tal decisión». Así, inadmite el contencioso-administrativo y le dice al Ayuntamiento que, si quiere, puede acudir en casación al Tribunal Supremo.
Recurrir
José Manuel Sánchez expone en cualquier caso que no se va a recurrir esta sentencia ni las próximas que lleguen en este sentido, porque no hay argumentos para hacerlo: «Parece que las próximas resoluciones van a ir en la misma línea, porque no es una cuestión única de Elche sino una normativa de la CNMC y, lamentablemente, poco podemos hacer o decir», dijo el edil, quien añadió que «nos hemos reunido con Correos, pero considera que la norma está bien aplicada y no podemos hacer mucho más».
Algunos vecinos de La Loma, por su parte, desconocían ayer la resolución y lamentan que por parte del equipo de Gobierno no han encontrado diálogo ni les han notificado nada. Un año y medio después de quedarse sin cartas, parte de los vecinos han accedido a colocar el buzón y otros siguen resistiendo: «Vamos a Correos a recoger la correspondencia cada diez días, porque si pasan quince la devuelven, y al principio hubo gente que tuvo que pagar recargos en el IBI porque le llegó tarde la carta o yo misma perdí una cita para una mamografía porque no recibí la cita, y tuve que volver a pedirla con los meses de espera que supuso», cuenta Guadalupe Arana, una de las afectadas.
Otra cosa será el fondo de la cuestión, pero solo en los casos en que los vecinos por su cuenta hayan iniciado recursos al margen del Ayuntamiento. En el caso de Peña de las Águilas, los vecinos presentaron por su cuenta otro recurso contencioso-administrativo que inicialmente se acumuló al del Ayuntamiento pero después se ha vuelto a desvincular para resolverlo aparte, como explica el abogado Alberto Padilla. Los propietarios están ahora esperando a que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre si tienen o no tienen razón en su reclamación, en la que plantean en esencia que no son una zona rústica sino urbana y que como tal pagan el Impuesto de Bienes Inmuebles, por lo que el servicio debería seguir prestándose puerta a puerta. Así lo afirma el presidente de la asociación vecinal, Diego Trujillo, que expone que siguen a expensas de esa resolución judicial para decidir qué hacer a continuación, y que también reprocha al Gobierno municipal (del actual y de anteriores mandatos) que no les esté notificando los avances en este sentido.
Criterios
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por su parte, establece que se consideran «entornos especiales» aquellos de poca densidad de población en los que se den al menos dos de los siguientes criterios: menos de 25 vecinos censados por cada hectárea, diez viviendas o menos en la misma área, y no más de cinco envíos semanales de media por domicilio. La CNMC ya ha señalado que estos requisitos concurren en los casos recurridos en Elche, de acuerdo con la información de Correos y del Ayuntamiento.
A finales de 2015 ya habían accedido a colocar los casilleros seis zonas de Elche y en el primer trimestre de 2016 otras cinco han solicitado permiso para ocupar la vía pública con los buzones, según le consta al concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez.
