Llegó el 30 de septiembre, hace seis meses, a la presidencia de Riegos de Levante con las promesas de la transparencia y la profesionalización de la gestión de una entidad que agrupa a ocho comunidades de regantes de la provincia, desde Orihuela hasta Mutxamel. Aterrizó con duras críticas a la gestión de su antecesor, Manuel Serrano, quien después de 20 años en el cargo decidió no presentarse y a quien llevó a los tribunales por varios delitos económicos en lo que algunos calificaron de maniobra electoral y que sigue pendiente de decisión judicial. Mientras tanto, no suelta la bandera del agua mientras imprime un nuevo ritmo a una maquinaria que maneja un presupuesto de millones de euros y gestiona los intereses de 20.000 regantes.
Seis meses lleva en el cargo, después de una etapa continuista de 20 años en la presidencia. Tras haber criticado mucho en campaña que la entidad se gestionaba con opacidad, ¿qué ha descubierto desde dentro que no viera desde fuera?
Sobre todo gastos. Gastos excesivos en muchas cosas, en representación, en personal... Y las deudas que se han estado arrastrando desde entonces, que ahora tenemos que ir pagando todos. No hemos cerrado aún el ejercicio 2015, ha empezado la revisión económico financiera y no se va a hacer una auditoría como tal porque no se puede hacer. Para auditar es necesario un marco de información financiera que resulte aplicable y aquí nunca se ha cogido uno. Ha transcurrido solo una asamblea en estos meses y los compromisarios han agradecido la cantidad de información, igual que en las juntas de gobierno, que se hacen mensualmente y se convocan con la antelación debida.
Después de llegar con la promesa de levantar alfombras... ¿qué ha aparecido debajo?
Realmente aún es pronto, todo eso saldrá cuando esté acabada la revisión económica financiera de toda la comunidad, que es lo primero que pusimos en marcha. Peor aún estamos en marzo, se están haciendo los últimos apuntes.
¿Qué cambios está introduciendo en el funcionamiento cotidiano de la entidad?
Se ha confirmado una reestructuración de personal que ya se inició con el anterior equipo de gobierno y que nos ha llevado a tomar unas medidas que en 2017 van a llevar a un ahorro de 400.000 euros en personal. Hemos aprobado procedimientos administrativos, por ejemplo de contratación, lo que nos obliga a pedir mínimo tres presupuestos. Ahora el personal sabe cómo actuar para una compra, para una baja, para comunicación interna, está regulada la coordinación entre departamentos... Son procedimientos por escrito para evitar criterios arbitrarios.
¿Ese ahorro en personal es mucha gente la que ha ido a la calle?
Se ha continuado con la consultoría de personal que contrató el anterior equipo de gobierno desde 2014, y se ha llegado a la conclusión de que había ciertos puestos de trabajo que se podían externalizar y otros que eran prescindibles. A principios de año había alrededor de 50 trabajadores, la previsión es quedar en 37 o 38. Los que la asesoría considera imprescindibles en oficinas, mantenimiento, elevaciones y guardería de El Hondo.
¿Qué se ha externalizado?
La limpieza de las instalaciones, estamos pendientes de algún servicio más.
Antes de asumir el cargo, sugirió que Riegos de Levante había empleado a familiares de los responsables. ¿Ha sido quitar a los de antes para meter a los suyos?
Para nada, aquí no se ha mirado de quién es familia nadie. La persona que ha hecho la consultoría ha decidido qué puestos son prescindibles: puestos, no personas. Ahora se cumple el horario laboral de oficina dos tardes en la semana para comodidad de los comuneros, con lo cual se puede prescindir de gente porque trabajan las horas que corresponde según convenio.
La anterior directiva consideraba que judicializó asuntos de Riegos de Levante con fines electorales. ¿En qué punto están los litigios que se iniciaron, en concreto la querella por delitos económicos contra los exdirigentes?
Nosotros simplemente intentamos defender en ese momento mi postura como presidente de El Canal, los intereses de quien tocaba. Ahora hay procesos judiciales y siguen en marcha, no puedo decir que lo que iniciamos entonces no siga adelante. En todo caso, eran de actuaciones de anteriores responsables. La querella era contra tres responsables (los que eran presidente, Manuel Serrano, gerente, José Manuel Miralles, y el ingeniero José Pagés). El juzgado incluyó a Ángel Urbina (anterior portavoz) por una denuncia que había de un tema menor. No sabemos si se esa denuncia se va archivar, lo que sigue en marcha es la querella. Las diligencias preliminares están hechas, ahora corresponde que decida la juez si hay que practicar más, si sigue adelante y si se abre juicio. Yo mantengo que tienen que responsabilizarse de su gestión, sigo teniendo el mismo interés en que todo se esclarezca.
La auditoría judicial que encargó el Juzgado de Instrucción 2 de Elche en virtud de esa querella, ¿qué concluyó?
La investigación es reservada, pero una de las cosas que dice el perito judicial es que Riegos de Levante no se puede auditar. Ha hecho una revisión contable.
¿Está Riegos de Levante dividido, con dos sectores enfrentados en las juntas generales? ¿Está entorpeciendo eso la gestión?
Entorpeciendo no. Hay dos partes, no sé si decir otro bando, pero se debaten las cosas y más o menos vamos aprobando todo. Todos los acuerdos importantes se han ido aprobando con más o menos unanimidad. El voto de calidad lo he tenido que utilizar tres veces. El Canal y el Tercer Canal son la mitad de votos, y el resto la otra mitad, pero no quiere decir que en todas las votaciones haya desacuerdo, ni muchísimo menos.
¿Por dónde va a continuar a extenderse el riego por goteo?
Lo que está proyectado es el Tercer Canal, pero ahora mismo no hay ninguna subvención y sale demasiado caro para el agricultor.
¿Tiene que imponerse la modernización del regadío, o es solo una alternativa?
Tiene que imponerse seguro. No es la solución definitiva, porque al fin y al cabo necesitamos agua que no tenemos, pero sí es una parte importante para el ahorro en el consumo de agua.
¿Qué les preocupa a los agricultores? ¿Qué quieren de la Comunidad General los comuneros, sus verdaderos propietarios?
Lo que quieren es pagar cuanto menos mejor, pero que no falte el agua tampoco, eso está claro. Estamos intentando ahorrar lo máximo posible y todo el trabajo que estamos haciendo este año se va a notar en el próximo.
¿Cuál es la expectativa de acuerdo con las reservas?
Lo importante es que ahora está entrando mucha agua a los pantanos de Entrepeñas y Buendía, se han aprobado tres trasvases por parte del Ministerio de 20 Hm3 para los meses de abril, mayo y junio, y creemos que esto va a continuar porque en los embalses de cabecera hay ahora 505 Hm3, lo cual hace prever que van a seguir mandando trasvases hasta final de año. Eso que nos da cierta tranquilidad.
Y, sin embargo, Castilla-La Mancha ha presentado recursos, aunque la Generalitat Valenciana ha dicho que se personará del lado de los regantes de Alicante.
La consellera de Agricultura, Elena Cebrián, nos adelantó que nos iba a defender a muerte con los trasvases y creo que es lo correcto. Agradecemos la postura de la Generalitat, que tiene que defender a los agricultores. El memorándum es una ley firmada por Castilla-La Mancha y no pueden saltársela, así que confío en que sigan aprobándose trasvases a partir de mayo.
¿Estamos condenados en esta zona a mirar al corto plazo, a calcular agua para los próximos meses, sin aspirar a la seguridad?
Claro. Lo que estamos viendo es que puede que este año, con las reservas que hay, podamos medio salvarlo. No con el consumo de otros años, pero sí para mantener los cultivos que tenemos. Hay comunidades como El Canal que tienen el regadío modernizado, consumen menos y a lo mejor no les falta agua, pero otras comunidades sí que están en restricciones porque aún no tenemos claro hasta dónde van a llegar los trasvases. De momento solo se han aprobado tres, el resto son previsiones. Aunque hay otros recursos. Estamos esperando a que se decida por parte del Ministerio la cesión de derechos de los riegos tradicionales de 30 Hm3 para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS). Hay otros pozos, los de El Molar, que tiene que ponerlos en marcha la Confederación para poder sacar otros 20 0 25 Hm3, pero todo eso está en el aire. Ahora mismo, lo que tenemos seguro es una asignación de los pozos del Sinclinar de Calasparra de 25 Hm3 -pero me refiero a todo el sindicato, no a Riegos de Levante-; el agua desalada, que ya se repartió en octubre; y los tres trasvases para los meses de marzo, abril y mayo. Eso es lo confirmado.
¿Tenemos algún «plan b»? ¿Podemos vivir sin trasvase?
No, no hay plan b, es imposible, ni siquiera con el agua desalada. No es de la calidad óptima, el precio es muy elevado y encima no sería suficiente. Y del agua del río Segura, tenemos una concesión a sobrantes, con lo cual tampoco tenemos garantizado el riego. Sería imposible vivir sin trasvase.
¿Qué cambios han puesto en marcha en la gestión interna?
Una parte era el cambio de las ordenanzas, que está avanzado. Hemos tenido contacto con todas las comunidades de base y con la Confederación Hidrográfica del Segura, tenemos un borrador inicial en el que cambia todo, porque las que tenemos son provisionales desde hace 25 años. De hecho, tenemos dos comunidades que han querido integrarse en la Comunidad General (la comunidad de La Murada Norte, de Orihuela, y la Comunidad de Regantes del Carmen, de la zona de Callosa de Segura y Redován). Podrían llegar a ser cinco, estamos en conversaciones con Nuevos Riegos El Progreso y con Carrizales, de Elche. Cada comunidad que se pudiera integrar va a seguir teniendo los derechos de agua que tenía, pero cuantos más seamos más fuertes seremos.
¿Qué ahorran los comuneros desde que está al frente?
Hemos hablado con las entidades financieras para que revisaran los intereses que estamos pagando de los préstamos, y por esa negociación ahorramos este año 50.000 euros. La partida de gastos de representación y relaciones públicas (incluyendo comidas, donativos a asociaciones, colaboraciones sociales, kilometrajes, desplazamientos...) se han reducido de 200.000 a 55.000 euros.
Como presidente, ¿cobra?
No. Cobro dietas de asistencia como cualquier otro miembro de la junta de gobierno, por los días que vengo.
¿Qué debe Riegos de Levante?
Ni lo tenemos claro, hay que finalizar la revisión económica. En los últimos tres años se han contratado deudas por más de 5 millones, incluyendo inversiones. Ya denunciamos que se pidieron más de 3 millones de préstamos porque se había gastado más de lo ingresado, y llegó a haber déficit de pagos.
