Cada vez que la Guardia Civil de Santa Pola atiende a un vecino que quiere denunciar una estafa mediante un alquiler, ya intuye por dónde van los tiros. Van ya siete veces este año que escuchan una historia parecida de diversas voces, en general residentes que han visto anuncios de alquiler en un periódico gratuito de la localidad, que han contactado por teléfono con el anunciante, han visitado la vivienda y llegado a acuerdos económicos, entregado cantidades en metálico como señal para la reserva.... Y luego nada. Ni llaves, ni poder entrar a vivir en las fechas previstas.

En lo que va de año son siete denuncias por hechos prácticamente idénticos, pero la primera que puede relacionarse con el mismo presunto «modus operandi» y el mismo acusado sería de 2010. Lo reseña así la Guardia Civil, que el miércoles detuvo al hombre, E.R.M., de 41 años, por un presunto delito menos grave de estafa y que asegura que su forma de proceder es idéntica a la reflejada en otras denuncias. El hombre pasó a disposición del Juzgado de Instrucción 1 de Elche en funciones de guardia el jueves, después de decidir no declarar en el puesto de Guardia Civil de Santa Pola. Ante el juez y la Fiscalía negó los hechos y aseguró que estaba resolviendo la cuestión que, al fin y al cabo, casi podía ser un malentendido, quedando en libertad a la espera de que se tramite el procedimiento y se le juzgue.

Esta detención corresponde a la última denuncia, interpuesta el martes por un hombre que asegura que contactó con él a raíz de un anuncio. Sostiene que el acusado le enseñó una vivienda y le aseguró que había más personas interesadas, por lo que precisaba de un adelanto en forma de señal. Aquello fue en febrero. La «víctima» le entregó en dos pagos un total de 525 euros, con la promesa de entrar a vivir el 1 de marzo en la casa, ubicada precisamente en el mismo edificio en el que el detenido vive con su familia. Se acercó la fecha, pasó la página del calendario, y nunca le facilitó el acceso, dándole largas incluso con supuestas enfermedades de familiares. Pasado el tiempo, el perjudicado se decidió a denunciar los hechos al ver que tampoco le devolvía el dinero pese a haberle facilitado una cuenta bancaria para que le hiciera el ingreso.

Los propios investigadores creen que hay más perjudicados sin identificar porque el detenido, según fuentes de la investigación, se habría ofrecido a devolver el dinero si no procedían contra él, pero equivocándose hasta en dos ocasiones de persona a la cual debía el importe.

Esa denuncia no pilló de nuevas a los efectivos de la Guardia Civil, que enseguida la relacionaron con media docena más. En los antecedentes policiales figura, de hecho, la denuncia de una mujer con cuatro hijos menores de edad que contactó con él a través del Ayuntamiento de Santa Pola, para formalizar un contrato porque iba a ser desahuciada en cuestión de días. A pesar de que intercediera el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento entre arrendador y arrendatario, la mujer denunció que acabó entregando 200 euros como señal y que nunca se llegó a formalizar el alquiler ni se le devolvió el dinero. El hombre, que sí declaró ante la Guardia Civil en esa ocasión, aseguró que ejerce como intermediario en el alquiler de viviendas y que desconocía por qué se frustró la operación de alquiler en este caso, mostrándose favorable a devolver el dinero, pero solo si un juez se lo ordena. En este caso, los hechos se consideraron un posible delito de apropiación indebida.

A estas dos denuncias (la más reciente y la de la madre de familia en vías de desahucio) se suman otros cinco asuntos por estafa en 2016, tres estafas y una apropiación indebida en 2010, y tres presuntas estafas diferentes entre 2006 y 2009. En muchas de ellas se describen intentos de alquiler frustrados en diversas calles de Santa Pola (Salamanca, Sax o Ciudad Real, entre otras).