Dos hermanos responsables de varias tiendas de compraventa de oro situadas por toda España y con sede social en Elche se enfrentan a una petición de siete años de prisión y a multas de cuatro millones y medio de euros cada uno por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales. La Fiscalía (que ya ha formulado escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción 1 de Elche y que interesa la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial) cree que sacaban de España con destino a Bélgica mucho más oro del que declaraban, que regresaban en avión llevando consigo los beneficios de las ventas, y que después lo blanqueaban comprando «a tocateja» bienes inmuebles en Elche o en Santa Pola a través de empresas inactivas.
Según apunta la investigación, los dos acusados son responsables de tiendas de compraventa de oro por diversos puntos de España, con locales abiertos al público en León, Ibiza o Alicante. Una tercera persona que no está acusada es propietaria del 97% de la empresa, mientras que uno de los dos hermanos (C.N.N.) es partícipe al 3% y figura como administrador único. Los dos acusados serían, según las conclusiones provisionales del Ministerio Público, quienes ejercen el control y dirección real y efectivo de la mercantil, pues son quienes están autorizados en las cuentas bancarias. El otro de los hermanos (J.L.N.N.), que no figura como propietario de la mercantil, sería sin embargo el que se encargaba de vender en el extranjero el oro comprado en España, sobre todo a entidades radicadas en Bélgica. En virtud de esos viajes, solo en 13 meses, entre 2011 y 2012, fue sorprendido en diversos aeropuertos de los Países Bajos en vuelos de vuelta a España llevando consigo grandes cantidades de dinero en efectivo que no pudo justificar con documentos, hasta una suma de 1,6 millones de euros. En concreto, las autoridades holandesas le identificaron tres veces en solo tres semanas en enero y febrero de 2011 con 230.000, 266.000 y 300.000 euros en metálico en La Haya; unos meses después con 370.000 euros en Eindhoven; y en febrero de 2012 con más de 500.000 euros en Rotterdam (en esa ocasión, el dinero fue embargado por la Fiscalía de Holanda).
Investigación
La investigación se ha coordinado con otra desarrollada en Bélgica en torno a una de las entidades a las que los acusados vendían el oro. Esa empresa, cuya contabilidad fue inspeccionada, declaró que había comprado oro a la empresa ilicitana solo en el año 2011 por valor de 12,3 millones de euros. La otra empresa, sin embargo, declaró en su Impuesto sobre Sociedades en España en el mismo año sólo 6,8 millones de euros facturados a esa mercantil. El desfase entre ambas contabilidades es de más de 5,5 millones de euros, por lo que se calcula que lo defraudado a la Hacienda Pública española solo en esas operaciones ascendería a 1,7 millones de euros (lo que corresponde a aplicar el 30% de gravamen sobre la diferencia de las ventas declaradas y las no declaradas).
Según cree el Ministerio Público, los acusados blanqueaban el dinero procedente de la venta de oro «en negro» comprando bienes inmuebles a nombre de mercantiles que administraban y gestionaban ellos mismos y que, en realidad, no tenían actividad alguna. Así, la instrucción ha documentado que una sociedad limitada administrada por uno de los hermanos, creada en 2009 y sin ningún tipo de ingresos, adquirió en enero de 2011 una finca en Elche por valor de 235.000 euros sin que conste el modo de pago, por lo que se debió abonar en metálico. De forma similar, otra empresa administrada por ambos acusados, creada en 2010 y sin ingreso alguno desde el inicio de su actividad, adquirió en abril del mismo año una finca catastral en Santa Pola por 160.000 euros, también en metálico.
Por todo ello, el fiscal solicita, además de las penas de cinco y dos años de prisión, que se les condene a pagar multas de cuatro millones de euros por el delito contra la Hacienda Pública y de 500.000 euros por blanqueo de capitales. También reclama que los 500.000 euros que la Fiscalía de Holanda embargó en el año 2012 sean intervenidos, y que se decomisen las dos fincas adquiridas presuntamente con dinero negro. Además, los acusados tendrían que indemnizar a la Administración General del Estado con 1,7 millones de euros e intereses de demora.
El fiscal añade en su petición el sobreseimiento provisional respecto de la mujer que figura como socia partícipe al 97% en la empresa propietaria de las compraventas de oro y de una agente inmobiliaria que inicialmente fueron investigadas, al entender que no está acreditada su participación en los presuntos delitos.
