El Ayuntamiento de Elche ha solicitado información al Consistorio de l'Alfàs del Pi después de que este último denunciara que un funcionario municipal ilicitano, Marcos Sánchez Adsuar, habría llevado a cabo trabajos como letrado en distintos momentos de su jornada laboral en los que tenía que encontrarse en su puesto de trabajo en el Consistorio ilicitano, según siempre la parte denunciante.
El alcalde de l'Alfàs del Pi, el socialista Vicente Arques, comunicó oficialmente el pasado mes de octubre al Ayuntamiento de Elche que el mencionado funcionario ha venido ejerciendo como abogado en cerca de medio centenar de procedimientos penales y contenciosos-administrativos «contra este Ayuntamiento y contra miembros del mismo, acudiendo personalmente a todas las comparecencias y juicios».
En su escrito, Arques recuerda que el estatuto básico del empleado público tipifica como faltas muy graves «el abandono del servicio y el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades». A raíz de todo ello, la primera autoridad local de l'Alfàs del Pi, en su denuncia formal ante el Consistorio ilicitano, solicitó que se impusieran «al funcionario denunciado las sanciones legalmente previstas».
Además, se pedía que se notificara al Ayuntamiento denunciante la incoación del oportuno expediente disciplinario, al tiempo que se ponía a disposición del instructor todos los antecedentes, documentos y elementos probatorios que se pudieran precisar.
No obstante, al parecer el Ayuntamiento de Elche no dio señales de vida al respecto, por lo que el alcalde Vicente Arques volvió a remitir a Elche otra notificación el pasado mes de enero insistiendo en que se incoara un expediente contra el citado empleado.
El Ayuntamiento de Elche, según ha podido saber este diario de fuentes municipales, sí reaccionó y solicitó información al Consistorio de l'Alfàs sobre todo lo denunciado. No obstante, preguntados ayer distintos responsables socialistas del equipo de gobierno ilicitano, todos se cerraron en banda y no quisieron ofrecer ningún tipo de información al respecto.
Este medio se puso en contacto asimismo con el funcionario Marcos Sánchez Adsuar, quien afirmó que el Ayuntamiento de Elche no le ha notificado nada sobre esta cuestión.
El empleado explicó que dispone de «compatibilidad profesional para el ejercicio» y que siempre la ha ejercido «con respeto siempre a mis labores profesionales en el Ayuntamiento de Elche, pidiendo mis días de permiso y cumpliendo con esa compatibilidad». Desde el Ayuntamiento de l'Alfàs se asegura, no obstante, que el denunciado «tiene otorgada una compatibilidad limitada a asuntos urbanísticos extrajudiciales que no requieran ausentarse de su puesto de trabajo durante la jornada laboral».
A juicio de Sánchez Adsuar, esta reacción del primer edil socialista responde a que, debido a su labor como letrado, Arques tiene tres causas penales abiertas y una investigación en curso por la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil.
La polémica no acaba aquí, ya que precisamente Marcos Sánchez ha venido siendo desde el año 2003 noticia desde que denunciara una presunta trama urbanística en el Ayuntamiento de Elche, lo que generó, entre otras consecuencias, que desde Alcaldía, en aquel momento presidida por Diego Maciá, se le impusiera una sanción por una falta muy grave consistente en 18 meses de suspensión de empleo y sueldo.
El funcionario recurrió y los tribunales anularon la sanción del Ayuntamiento de Elche. Posteriormente, las relaciones profesionales entre dicho funcionario y otros concejales socialistas ilicitanos también se vieron enrarecidas con otros casos urbanísticos polémicos en la vida municipal ilicitana que acabaron en los tribunales.
