Un auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial en Elche da carpetazo al caso Urbielx y desestima el recurso de apelación interpuesto por quien inicialmente presentó al querella, el arquitecto Juan Antonio Alberdi Garrido, imponiéndole además costas reprochándole su «temeridad» por mantener vivo un proceso en términos «inquisitoriales» del cual conocía su falta de fundamento. En el auto, el tribunal considera además que su querella contra 16 personas (entre funcionarios, familiares políticos del exalcalde Diego Maciá, el propio exregidor socialista, el exconcejal Emilio Martínez, el secretario municipal Antonio Izquierdo o el exedil Carlos Gosálbez) tenía la concreta finalidad de conseguir la imputación del entonces alcalde.

El tribunal confirma, como resolvió el Juzgado de Instrucción 5 de Elche de acuerdo con el Ministerio Fiscal, que no se ha acreditado la existencia de delitos y que no se concretan los actos, decisiones, votaciones o información concretas que según el querellante se habrían llevado a cabo para beneficiar a una empresa de familiares políticos de la esposa de Diego Maciá. Tampoco es cierto, dice el auto, que esa empresa (Urbielx) tuviera escasa actividad económica al margen del supuesto trato de favor, ni se acredita que se beneficiara de información privilegiada para la compra de terrenos por los que obtuvo «pingües beneficios» ni que se tramitaran con preferencia e inusitada celeridad sus expedientes y licencias.

El auto repasa uno a uno los delitos mencionados por el querellante para acabar descartando que se den los tipos penales o que se concrete lo más mínimo en qué términos se habrían producido. No hubo, dice la Audiencia, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos ni infidelidad en la custodia de documentos.