A Valery S. B. fue la policía a buscarle a su casa de Pernik, en Bulgaria, un buen día de junio de 2013, mientras estaba haciendo una barbacoa con amigos. Le informaron de que España le buscaba por un robo en domicilio y por el homicidio de su morador, en Torrevieja, ocurrido en 2011. Dos años y medio después, cuando los hechos aún no han sido juzgados -y sin entrar a discutir que es inocente, aunque aclara que lo es-, Valery se siente atrapado en España, «secuestrado» por la Justicia española, porque accedió a ser trasladado en virtud de la orden europea de detención y entrega para aclararlo todo y «limpiar» su nombre, y no solo ha pasado más de dos años en prisión, sino que ahora se encuentra en la calle, sin casa, sin trabajo, sin familiares en España, sin fecha de juicio... y sin poder ir a esperar en su país. Su abogada, Paz Alarcón, ha pedido que le permitan irse a casa y comparecer las dos veces a la semana que le ha marcado el juzgado, pero en vez de hacerlo en la provincia que lo haga en la embajada española en su país, que al fin y al cabo es Europa. Si hubiera querido esconderse de la Justicia, no estaría esperando a que le dieran permiso, insiste.
Mantiene su letrada que no hay contra él nada más que el reconocimiento en unas fotografías que efectuó otro de los coacusados, una identificación exculpatoria de la que después se retractó. Y Valery se pregunta cómo es posible que haya pasado dos años en prisión y vaya ya camino de medio año en la calle sin recursos -primero en albergues, ahora pidiendo favores- solo porque alguien dijo que él hizo algo. «Yo quería venir a aclarar que no tenía nada que ver, y he pasado dos años en prisión; no tengo a nadie, no tengo familia... desde abril estoy esperando a que me den permiso de ir a Bulgaria y esperar allí».
En otoño la Sección VII de Elche señaló el juicio para enero y febrero, en cuatro sesiones. En ese momento decidió dar el paso, pagar la fianza de 2.000 euros que reunió su familia y esperar fuera, porque las fechas estaban próximas. Sin embargo, en enero llegó la notificación de que el juicio se suspendía sin fecha a la vista: «Por circunstancias excepcionales sobrevenidas de funcionamiento interno y siendo a día de hoy insubsanables, resulta imposible la celebración del juicio oral... nuevo señalamiento a la mayor brevedad posible». Con esta explicación -que no entiende, porque la lee y la ve vacía-, Valery se arrepiente de haber salido de prisión, porque ahora además de no tener recursos sospecha que como en la causa no hay nadie preso, aún irá más lenta.
Su letrada asegura que sabe de primera mano que la Sección VII de Elche está colapsada (es, de hecho la sección penal con mayor entrada de papel de España, según aseguran desde el tribunal), pero pide que al menos le provean el escrito de 11 de diciembre de 2015 en el que presenta un documento de la Embajada que dice que sí, que lo que Valery ha pedido hasta tres veces se puede hacer si el juez lo autoriza.
Inexplicable
Más de dos meses para que se tramite un documento le parecen a Valery una cosa inexplicable. Decirle que la Justicia tiene sus plazos y que va lenta no es para él motivo suficiente para tener su vida parada, en «stand by». Antes de venir a España su pareja estaba embarazada, él tenía trabajo y una casa. Sufrieron un aborto y un mes después llegó este asunto del que no ha podido desprenderse. Cómo retomar lo que era antes su vida es difícil de planear.
«¿Cómo voy a poder encontrar trabajo ahora en España, si tengo que ir a firmar cada lunes y cada viernes?», se pregunta, «¿quién me va a contratar?». Con respeto y aplomo, confiesa: «Me siento secuestrado, obligado a estar en vuestro país, donde viví once años trabajando hasta que en 2012 me volví al mío, y no tengo antecedentes penales ni policiales, como tampoco los tengo en mi país... Porque alguien dijo que fui yo... Solo por eso... No me parece serio».
Sabe que tiene que ser juzgado, pero ¿cuándo? Su defensa relata las conexiones que le vinculan con otros de los acusados, aunque se muestra realmente segura de que no será condenado: «Es lo único que hay en su contra, la declaración de alguien que luego dice que no es él; ni ADN, ni huellas, ni imágenes de los cajeros donde se usaron las tarjetas robadas...». No se trata, en cualquier caso, de hacer un juicio paralelo ni es este lugar donde defender al inocencia o culpabilidad de alguien, porque eso se verá en sala. No está el fondo del asunto sobre la mesa, es más sencillo: «Yo estaba libre en mi país, si me hubiera querido fugar no habría firmado la extradición. ¿Cómo pueden meterme en prisión sin pruebas ni indicios? Solo porque alguien me señala se me priva de libertad dos años... ¿por qué?, ¿porque soy extranjero?», son las dudas desesperadas de alguien que insiste: «Quiero una fecha, saber cuándo se va a celebrar el juicio, quiero seguir con mi vida... Yo no esperaba esto, creía que se habían equivocado y sería sencillo, he seguido todos los pasos que me han pedido y he colaborado en todo, sólo quiero lo que tenía en mi vida, que me devuelvan allá de donde me trajeron».
Expresando eso en términos más jurídicos, y «por razones meramente humanitarias», insiste su abogada en pedir «que se permita a mi representado llevar a cabo las comparecencias apud acta a que está obligado desde que disfruta de libertad provisional en la Embajada de España en Sofía». A cambio, silencio. Lo siguiente, una queja formal por la que esperan que el tribunal rinda cuentas ante el Consejo General del Poder Judicial, para explicar el silencio. Pero a cambio, por el momento, más silencio.
