El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Elche celebró ayer durante cuatro horas un juicio para intentar determinar si el letrado Carlos Candela debe cobrar los trabajos que hizo para los herederos del poeta Miguel Hernández entre 2011 y 2014. Según defiende él en su demanda, la familia le debe algo más de 104.000 euros por trabajos de asesoría y trámites jurídicos que desempeñó especialmente en dos momentos importantes: en los actos de reclamación conta el Ayuntamiento de Elche por rescindir el contrato de depósito que tenía con la familia con la llegada del PP al Gobierno local, en 2011; y, después, en las negociaciones con la Diputación de Jaén para proceder a la venta de los archivos inicialmente depositados en Quesada, un contrato que se firmó por tres millones de euros en agosto de 2014. Unos días después de esa firma, el letrado llamó a la nuera del poeta y le reclamó que le pagara sus honorarios por tanto tiempo de prestaciones jurídicas (por la primera de las intervenciones solicita 59.000 euros y por la segunda 45.000). La nuera, según dijo ayer en el juicio, llegó a pensar que se trataba de una broma, porque nunca habían hablado de que tuviera que pagarle.
Más bien al contrario. La nuera y la nieta del poeta, Lucía Izquierdo y María José Hernández, declararon ayer como demandadas que el letrado actuó siempre como un amigo íntimo, y que siempre manifestó que lo hacía de forma altruista, por cariño a la familia y por admiración al poeta, y además estando jubilado. El letrado lo niega, dice que le fueron encargando trabajos y que en algunos momentos comentó con Lucía Izquierdo que tenía que reservar una parte de lo cobrado de Jaén para sus honorarios, aunque admitió que nunca presentó un presupuesto ni se firmaron contrato u hojas de encargo profesional. Se hizo así por confianza mutua, dijo el letrado, quien ante los medios de comunicación, en su día, hablaba como el abogado de la familia, aunque la nuera del poeta aclaró ayer que era él mismo quien se identificaba así sin que jamás le hubieran contratado.
A lo largo del juicio, el letrado Carlos Candela defendió que presentó numerosos documentos, informes, trámites, dos expedientes administrativos, anunció la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Elche, asesoró en la forma de venta a la Diputación de Jaén... Y en definitiva elaboró, supervisó y presentó cientos de documentos.
La defensa de las demanadas no lo considera así, en absoluto, y asegura que fue otra asesoría que hace más de dos décadas que asiste a la familia la que hizo todo el trabajo junto con Francisco Escudero (gestor cultural del legado), y que el letrado apenas se limitó a hacer algunas correcciones a mano a modo de sugerencias. Además, que dispone de todos esos documentos porque la propia Lucía Izquierdo y otras personas con intervención destacada en el proceso se los fueron haciendo llegar, puesto que él los pedía aduciendo que altruistamente tenía interés en ir aportando su consejo profesional y en conservarlos, incluidos recortes de prensa.
Testigos
En el juicio, que quedó visto para sentencia, declararon cinco testigos de la defensa, entre ellos también Francisco Escudero. Insistieron en que el letrado siempre expresó que actuaba de forma altruista y que para él era un honor servir a la familia del poeta. Él, sin embargo, dice que solo lo hizo así cuando tramitó ante el Tribunal Supremo la petición de nulidad de la condena a muerte del poeta.
En cualquier caso, los demandados defienden que su intervención no fue significativa en el desenlace para el legado del poeta, y que -en caso de que se estime que sí debiera cobrar- sus honorarios son «monstruosos» y sus informes no eran profundos, sino apenas unos folios de anotaciones superficiales.
