Trabajando cada día, sin cobrarsin cobrar cada final de mes, y pidiendo un préstamo que genera a su vez intereses, para hacer frente a los pagos y gastos ordinarios... Así están algunos de los vigilantes de seguridad que custodian las sedes de la Conselleria de Justicia en la Comunidad Valenciana, algunos de ellos en situaciones aún más graves, hasta el punto de que les cuesta encontrar dinero para poner gasolina para ir a trabajar, que han tenido que hacerse con un ciclomotor porque el coche se averió y no hay dinero para pagar una reparación, e incluso recoger comida del banco de alimentos. La falta absoluta de ingresos es ya un drama a causa del paro, pero unos 80 vigilantes se encuentran en esa misma situación teniendo trabajo y sin poder faltar a él para no enfrentarse a un despido procedente. Es la situación que denuncia el comité de empresa de CECA Seguridad, la empresa que presta el servicio a la Generalitat según el contrato prorrogado hasta 2017. Los impagos para los vigilantes, personal de administración y mandos (un centenar de personas en total) comenzaron a acumularse en 2013 y volvieron a ponerse al día, pero el pasado mes de junio se comenzó a repetir la situación. Y hasta ahora, cuando llevan acumulados unos tres meses sin cobrar, se les deben unos 4.000 euros de media a los cien trabajadores que tiene CECA vinculados a este contrato público y la vigilancia del Archivo del Reino de Valencia. Fernando Muñoz Sanchís, presidente del comité de empresa, asegura que los trabajadores están en una situación límite que se agrava porque la Administración no les da esperanzas de que las soluciones vayan a llegar en el corto plazo.
La empresa les venía argumentando que no podía pagar las nóminas porque la Generalitat había acumulado una deuda millonaria. Esos impagos, ciertos y reconocidos por la Conselleria de Justicia, se saldaron en diciembre. En total, cerca de 1,8 millones de euros se ingresaron en la cuenta de la empresa, si bien según el presidente del comité les siguen diciendo que no hay liquidez. Así, todos los trabajadores, según Fernando Muñoz, están pendientes de cobrar las nóminas de octubre, enero y próximamente febrero, además de la paga extra de diciembre para aquellos que no la tienen prorrateada. Ante esto, los representantes de los trabajadores han optado por acudir directamente a Conselleria para reclamar soluciones, puesto que entienden que la Administración debería implicarse para evitar que estén trabajando, prestándole un servicio, sin cobrar. «Ahora les deben 200.000 euros, ya que el pliego establece que la Conselleria le paga a la empresa por trimestres, pero eso no es problema de los trabajadores y la empresa, cuando contrató con la Administración y cuando renovó el contrato, aceptó ese modo de pago; hay gente que no tiene para gasolina, que tiene órdenes de embargo y amenazas de gabinetes jurídicos de sus bancos... tenemos compañeros que están teniendo que ir a por comida a un banco de alimentos... No hay derecho a esto», sostiene Fernando Muñoz.
Ante esta situación, y dado que la empresa tiene contrato hasta marzo de 2017, la Conselleria les ha mostrado dos caminos: «Por un lado, se podría anular el contrato por incumplimiento, pero nos dicen que la empresa que entrara tendría que cargar con la deuda de la saliente, y que había unas empresas interesadas pero solo si parten de cero; y por otro lado, se plantean sacar un concurso de carácter urgente, pero eso lleva unos trámites, plazos de presentación de propuestas, aperturas de plicas, plazos de alegaciones y recursos... Nos iríamos a seis meses y de verdad que no podemos aguantar más».
La empresa CECA Seguridad no atendió las preguntas de este diario, como hasta ahora ha ocurrido en cada ocasión en que los vigilantes han denunciado públicamente su situación. La Conselleria de Justicia, por su parte, sí aseguró que «estamos perfectamente al corriente de los pagos». Al respecto de cómo solventar la situación que arrastran los trabajadores, desde la Administración autonómica sostuvieron que «se está buscando una empresa que sea capaz de sustituirla en la prestación de servicios, porque no se puede rescindir el contrato mientras no tengamos un sustituto, y se está hablando con varias empresas que podrían tener capacidad».
Mientras tanto, en los juzgados están esperando su turno las demandas de un 80% de la plantilla, que han reclamado por salarios impagados y en algunos casos también para la rescisión de contratos. Los intentos de acuerdo previos no llegaron a puerto y la maquinaria judicial (esa misma que vigilan desde sus empleos), tiene ahora que señalar fechas para que puedan reclamar lo que se les debe o a la empresa o al Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), porque creen que la empresa va camino de la liquidación.
«No le explico a nadie que no he podido irme de vacaciones o comprarle regalos a mis hijos en Reyes, porque entiendo que eso son lujos, pero no hay derecho a que no pueda pasar la ITV, pagar la hipoteca, la luz, el agua...», plantea uno de los vigilantes, que, después de más de veinte años de experiencia (pasando de una empresa a otra de las que han ido asumiendo el contrato a lo largo de los años), no puede siquiera buscar otro trabajo: «Si yo no vengo a trabajar, me echan a la calle. Si no pueden seguir asumiendo el servicio que nos despidan y nos indemnicen, al menos podríamos ir al paro o buscarnos la vida en otro trabajo», mantiene.
El presidente del comité de empresa, por su parte, subraya que «no es una situación fácil, hay muchas personas de baja y no por cualquier cosa, sino por depresión, ansiedad.. por aguantar esta situación a lo largo de meses; y si no se cubren las bajas hay servicios que se prestan con menos personas de las que están firmadas con la Generalitat Valenciana».
