El agente judicial enviado por el juzgado paralizó ayer el desahucio de Encarnación Gómez, inquilina de una de las Casas de Ferrándezparalizó desahucio , un pequeño barrio de viviendas modestas construidas hace 70 años para los empleados de una fábrica textil cercana. Una de aquellas trabajadoras era su abuela, de la que «heredó» el contrato su madre, y al final ella. Las condiciones no se han modificado con el paso de los años, así que Encarnación y algunos de sus vecinos pagan menos de 13 euros al mes y tienen la intención y el deseo de seguir así a largo plazo.
El dueño de aquella industria vendió los terrenos y la nave a un nuevo propietario que se dedica al calzado en 1974, según recuerdan los vecinos que viven allí de toda la vida, y en los últimos años este propietario ha ido iniciando judicialmente las resoluciones de los contratos no por impago, sino por expiración del término. Ese es el desahucio que se iba a llevar a cabo ayer, tras un procedimiento seguido por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Elche, aunque el agente judicial decidió darse media vuelta y dar cuenta al juzgado al encontrarse con decenas de personas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca montando guardia, resueltos a impedirlo. Será ahora el juez el que tenga que decidir si se pone una nueva fecha para el lanzamiento y si la próxima vez el agente acude acompañado de la Policía Nacional.
Encarnación lo celebró ayer como un triunfo, lo mismo que algunos de sus vecinos, que van viendo con tristeza que algunas casas van quedando vacías y que las construcciones se degradan por falta de mantenimiento (que corresponde asumir al dueño). Dicen estar dispuestos a pagar algo más de alquiler, pero siempre cantidades ajustadas al tiempo que llevan allí y al estado en que se encuentran la viviendas, de unos 80 m2. Otros vecinos de lo que acaba siendo un barrio de 27 casas entre palmeras, en la parte trasera del Parque de Tráfico, se han instalado recientemente y han firmado contratos de alquiler por 250 o 300 euros mensuales. Otros, como Maravilla Écija, alquilaron al lado de sus padres hace unos 30 años y tienen un contrato de menos de 60 euros. La mujer cuenta que ha vivido allí toda su vida, relata emocionada que dos de sus hermanas trabajaron en la fábrica, que ella fue canillera y su padre carpintero... Antonio Rubio, otro vecino, estrenó la casa con sus padres cuando tenía cinco años. Eulalia García se instaló hace veinte años cuando se casó, continuando con el alquiler de la abuela de su marido.
Vecindario
Con ese vecindario tiene que entenderse el actual propietario, que no es ya la familia Ferrández sino Bonastre, al que los inquilinos reprochan que no invierta en el mantenimiento de las casas o fumigue los pinos, y a quien dicen que le pagan la contribución del terreno, en el que las construcciones se legalizaron hace poco.
El abogado del propietario, Antonio Prats, sostiene que la ley protege los contratos de arrendamiento anteriores a 1964 pero por un número limitado de generaciones. Es decir que en el contrato de la abuela de Encarnación se subrogó su madre, pero que al fallecimiento de esta la nieta de la inquilina original solo habría tenido derecho a quedarse hasta cumplir los 25 años o durante dos años. Ese plazo pasó hace tiempo, por lo que el letrado matiza que el propietario aún permitió seguir viviendo al cónyuge de su madre hasta su fallecimiento, del que ya hace más de dos años, y que después comenzó a recibir giros por el importe del alquiler a nombre de una persona que no tenía ya ningún derecho sobre la vivienda.
Esa persona era la hija de Encarnación, que según expuso ayer ella misma se encargó de hacer el trámite bancario porque ya no le aceptaban los pagos del alquiler. El proceso judicial fue por tanto contra ella, y en este punto la afectada sostiene que se ha visto indefensa a lo largo del procedimiento; el propietario aclara que ellas nunca comunicaron a lo largo del proceso esa cuestión, igual que tampoco notificaron el fallecimiento de los anteriores titulares del contrato.
Una portavoz de la PAH, Gloria Marín, expuso ayer que este es el primer desahucio que no es de un banco que apoya la plataforma, y que lo hizo porque el propietario no es una persona que necesite el importe del alquiler en términos de subsistencia, sino lo que denominan «un gran tenedor», alguien que tiene más de diez viviendas. Añaden que la inquilina afectada no tiene una alternativa habitacional. Reconoció que «legalmente tiene que irse porque se aplica una ley de alquiler que ya se ha reformado dos veces para desfavorecer a los inquilinos». En este caso, la Plataforma defiende que cuando el nuevo propietario adquirió los terrenos con la fábrica y las casas no lo notificó a sus ocupantes, para que hubieran podido ejercer su derecho de adquirir las viviendas.
Tras la marabunta de camisetas verdes, pitos y proclamas de «sí se puede», las Casas de Ferrández se volvieron a quedar ayer en silencio, en la normalidad de un grupo de viviendas modestas a dos pasos del centro y ancladas en otro tiempo y en otro ritmo de vida.
