Cristian se dedicaba a la construcción y, como muchos, se quedó sin trabajo. Como muchos también había comprado una vivienda en pleno «boom» inmobiliario y firmado una hipoteca con un banco que le comprometió a una letra que hace años dejó de poder pagar. Antes de ayer por la mañana estaba pensando cómo sacar de casa muebles y recuerdos, cómo dejar vacío el piso de 105 metros que eligió junto con su mujer Verónica en la calle Victoria Kent de Elche y que llenó de vida con sus tres hijos, que tienen ahora entre 14 y 18 años. Alguien le recomendó que antes llamara a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Stop Desahucios y ayer a primera hora tenía a unas 50 personas en la puerta de casa, resueltas a impedir que la comisión judicial llevara a cabo la ejecución.

No hizo falta, porque nadie del juzgado acudió ayer por la mañana a la casa. El lunes, cerca de las 15 horas, su procuradora le comunicó que el banco había decidido echarse atrás, aunque desde la plataforma aseguraban ayer que al no tener claro las novedades habían decidido concentrarse igualmente. Creen, de nuevo, que fue la presión de la plataforma y la posibilidad de una mala publicidad la que les ha dado a Cristian y a Verónica algo más de tiempo, no saben cuánto, para intentar llegar a algún acuerdo con la entidad bancaria. Y es que ellos se han ofrecido a pagar entre 300 y 400 euros mientras no tengan más ingresos, dado que el sueldo de él no les permite hacer frente a los 900 y pico euros de letra que comenzaron a pagar cuando compraron la casa.

La adquirieron en 2006 por 140.000 euros y ahora creen que debe de valer como cuatro veces menos. Se trata de un piso de segunda mano en un edificio que tendrá, calculan, 40 años de antigüedad. Vamos, que ahora creen que no hicieron una buena compra. Los primeros años fueron pagando, después se volvió inasumible y dicen que le ofrecieron al banco bajar la letra para poder seguir cumpliendo, pero que se lo rechazaron. En esa negociación les concedieron dos años de carencia pero en 2012 se inició el proceso de ejecución en el Juzgado de Primera Instancia 1 y hasta ayer han llegado los trámites, sin que se les considerara aptos para acogerse a la moratoria que el Gobierno articuló para las familias en situación más precaria. Cristian no sabe qué posibilidades se abren ahora, espera que poder rebajar la letra esté entre ellas. De origen rumano, con 16 años de residencia en España, el matrimonio llega a decir que firmaron con la CAM, que cambiaron a Caixa Galicia, después EVO y que ahora no saben ni quién es el dueño de la casa en la que al menos por unos días van a seguir viviendo.

Implicación

Al hilo de su historia, Podemos Elx criticó ayer «la falta de implicación» del equipo de gobierno en materia de desahucios. «Es una vergüenza que las personas víctimas de la crisis no encuentren apoyo por parte de las instituciones», dicen, al tiempo que exigen recursos y asesoramiento porque «se siguen violando derechos humanos en nuestro municipio».