Los índices de accidentes laborales encienden las luces rojas en la provincia de Alicante con un aumento por tercer año consecutivo sin necesidad de incluir los siniestros del mes de diciembre, aún no oficializados por el Ministerio de Empleo. En once meses, las lesiones durante la jornada de trabajo ya superaron en 220 las sufridas a lo largo del año anterior al completo con un total de 13.970, de las que 14 -cinco más que en 2014- fueron mortales. Por sectores, los más maltratados fueron el comercio y la reparación de vehículos de motor (2.007 accidentes), la industria manufacturera (1.947), la hostelería (1,419), Administración Pública y Defensa (1.109) y construcción (1.104). Además, también crecen los daños «in itínere» -yendo o volviendo al lugar de trabajo-, que constituyen el 15% del total.
Ante tal lacra, igualmente existente en toda la Comunidad Valenciana, el Consell activará este mes de febrero un plan de acción para tratar de poner remedio al problema mediante el refuerzo de inspecciones en las empresas con más accidentes registradas y un premio en forma de certificado de excelencia para reconocer a las que consigan acabar el año sin siniestros.
Estas medidas pondrán la lupa sobre las 130.438 empresas repartidas por los municipios del sur levantino -más el resto de Valencia y Castellón- en un mensaje de «tolerancia cero con la siniestralidad laboral», apunta la directora general autonómica de Trabajo y Bienestar Laboral, Cristina Moreno. «Las empresas se acuerdan de la prevención cuando pasa algo y es sobre lo que se tienen que sensibilizar», ansía Moreno incidiendo en una de las principales causas del mal: la falta de cultura preventiva. «Igual que cuando vemos un acto de violencia nos nace intervenir, deberíamos reaccionar también ante una persona subida a un andamio sin protección», compara. Coincide el jefe territorial de la Inspección de Trabajo en la Comunidad Valenciana, Eusebio Ortíz: «La inspección debe hacerse desde dos vías, la reactiva para detectar qué es lo que ha fallado, y la preventiva en el origen de los procedimientos», explica sin ocultar una preocupación que la esperada recuperación económica obliga a mantener aún más alerta: «Existe una relación directa entre la actividad y el volumen de siniestralidad, por lo que en 2016 debemos estar atentos para que el crecimiento económico no nos coja a pie cambiado», advierte.
La resignación de Ortíz introduce una connotación positiva en la que confía si se logra concienciar al empresariado: a menos austeridad, más recursos para invertir en seguridad y formación. «El tiempo de crisis economica ha llevado a las empresas a no invertir en equipos de trabajo. Se ha agudizado la obsolescencia y se ha ahorrado en formación. Si hay bonanza se sustituye la maquinaria por otra nueva y más segura», analiza Ortíz.
Malas condiciones
Los sindicatos aportan a la negra lista de razones la precariedad laboral motivada, sobre todo, por los contratos temporales. A ello se suma, desde otro punto de vista, la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA), que reclama asesoramiento y «mucho apoyo público» para las compañías: «Muchas anteponen la productividad y no reparan en que los empleados desconocen los procesos de trabajo aunque procedan del mismo sector», afirman desde el cuerpo técnico de la patronal. «Los organismos públicos deben valorar la nueva realidad del mercado laboral a través del diálogo social, la población ha envejecido y los contratos son de menor duración», añaden.
Por su parte, el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) del Baix Vinalopó y la Vega Baja, Ismael Senent, resume su posición al respecto con que «las políticas de austeridad han producido un aumento de la precariedad laboral y del empleo informal». En este sentido, añade: «Nuestro mercado de trabajo está incrementando a gran ritmo los ya insostenibles niveles de precariedad y observamos con enorme preocupación cómo la crisis no sólo se ha reflejado en aquellos que pierden su empleo, sino también en los trabajadores que conservan su puesto de trabajo». Con todo, se muestra partidario del interés autonómico en potenciar el control. «Resulta imprescindible incrementar las actuaciones de la inspección de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, así como una mayor vigilancia y control del cumplimiento de la normativa», explica Senent.
