Dos concejales de oposición del PP en la actual legislatura -Luis Ángel Mateo y Justino Delgado- y un exedil del PSOE -Emilio Domenech- pasarán en las próximas semanas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Elche para declarar en calidad de «investigados» (término que sustituye a «imputado» tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por un presunto delito de prevaricación medioambiental relacionado con los chiringuitos que durante sucesivos veranos se permitieron en la playa del Carabassí. Por los mismos hechos declaró ya el exalcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, quien aseguró en su declaración que estaba convencido de la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento siguiendo el criterio de los técnicos.
En esencia y según las fuentes judiciales consultadas, la acusación se dirige contra los cuatro responsables políticos por ser quienes en las distintas etapas tenían competencia en materia de licencias de apertura y quienes habrían permitido, según consideran los vecinos denunciantes, que los negocios funcionaran en el linde entre los dos municipios como auténticas discotecas por la noche teniendo sólo licencia para servir comidas y bebidas a los bañistas durante el día.
La comunidad de vecinos denunció los hechos por dos vías, por un lado ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en contra de las decisiones de ambos ayuntamientos de permitir que los negocios de ocio siguieran abiertos; y por otro por lo penal al considerar que los responsables políticos podrían haber cometido delitos de prevaricación (tanto los concejales con competencias delegadas en aperturas como el exalcalde, que las ostentaba personalmente). Los residentes están ahora esperando sentencia sobre las molestias sufridas en los veranos de 2012 y 2013, después de haberles dado la razón ya el juzgado con respecto a 2010, condenando a los consistorios a pagar 127.000 euros (mil por afectado), cantidad que ya fue satisfecha. En 2011 no interpusieron procedimiento y en 2014 la Generalitat ya reconoció el incumplimiento y sancionó a las empresas que habían instalado los chiringuitos, llegando a imponerles multas de 30.000 y 40.000 euros. En el pasado verano no se autorizó su apertura.
Mientras esta cuestión se dirimía en la jurisdicción contencioso-administrativa, el Juzgado de Instrucción consideró que no procedía examinar una responsabilidad penal paralela, si bien los afectados recurrieron a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que les dio la razón. El procedimiento se retomó entonces comenzando por citar a los investigados para determinar si hay indicios de delito.
