El Ayuntamiento sigue cortando lazos con DYA y ayer la concejala de Bienestar Social, Tere Maciá, anunció que los talleres de respiro familiar dejará de prestarlos el personal de la entidad. El motivo es que se ha decidido que dejen de pagarse mediante contratos menores (del año 2015 aseguró tener dos facturas de 7.000 euros, una por los meses de mayo y junio y otra por los de septiembre y octubre) para pasar a adjudicar el servicio mediante un contrato público. Mientras se redacta el pliego de condiciones y se saca a licitación, el servicio ya no lo prestará DYA sino que de forma provisional se ha encargado a los psicólogos de otra empresa que trabaja para Bienestar Social que los impartan desde ya -desde hoy mismo según la edil y con una previsión de cuatro meses-. Familiares de usuarios ya manifestaron ayer sus dudas de que un cambio brusco de personal sea beneficioso, puesto que DYA llevaba años haciéndose cargo del servicio con unos 37 usuarios. La concejal, por su parte, aseguró que no habrá interrupciones en el servicio y que las modificaciones van encaminadas a revestir la gestión de mayor transparencia y objetividad.
El procedimiento es similar al que ha llevado a cabo la Concejalía de Emergencias, dirigida por Cristina Martínez, al eliminar el convenio de transporte de ambulancias con DYA para sacarlo a licitación por un importe previsto de unos 200.000 euros. Mientras tanto, se ha contratado mediante contrato menor de 18.000 euros con ASV (lo que la oposición ha llamado «a dedo», ya que hasta ese importe no es necesario concurso público).
También el concejal de Turismo, Fernando Durá, intervino ayer en rueda de prensa para asegurar que el contrato con DYA por el socorrismo en las playas estará vigente en verano de 2016, pero el Ayuntamiento comprobará que todo el personal esté dado de alta y contratado, porque «con estos precedentes tendremos que ser muy exhaustivos a la hora de vigilar el contrato» (añadió que en su opinión el Ayuntamiento debe articular mejores fórmulas de revisar los contratos en todas sus áreas).
Esta avalancha en la revisión de convenios y pagos a DYA está resultando polémica entre los partidos de la corporación y también muy sonada en la calle. Diversas voces consideran que se trata de una decisión personal de Cristina Martínez, que en opinión de la entidad está llevando a cabo una campaña de «humillación» y «persecución sin sentido» desde «el odio y el rencor».
Zanjar
La concejala quiso ayer «zanjar» la cuestión mostrando documentos, asegurando que DYA ha ingresado entre 2007 y 2015 más de 2,5 millones de euros pagados por el Ayuntamiento y el organismo autónomo Visitelche, y que en algunos casos los conceptos no deberían haberse pagado puesto que estaban incluidos en un convenio por el que la entidad ya cobraba 50.000 euros anuales. Así, aseguró que la decisión de cambiar de convenio a contrato el servicio del transporte sanitario de emergencias responde a un informe de la interventora municipal en el que se pone sobre la mesa que hay diversos proveedores que cobran reiteradas veces del Ayuntamiento sin que regule esos pagos un contrato, y que la fórmula no es correcta (aunque el informe no habla específicamente de DYA, abarcaría su situación según la edil). Por eso, la decisión se tomó desde la Junta de Gobierno Local, insistió, y no de forma personal.
A continuación también aseguró que DYA ha estado usando las instalaciones de Mesalinas sin que al secretario municipal le conste documento oficial alguno que señale la cesión de ese espacio, donde guardaba más ambulancias de las que tenía a disposición del Ayuntamiento y que por tanto serían para llevar a cabo una actividad privada. En esa instalación, dijo, se ubicó en 2014 la sede social de una empresa SL que facturó a Visitelche otros 109.000 euros por diversos conceptos de mantenimiento, señalización o montaje de infraestructuras en playas. Añadió que los documentos y facturas relacionados con DYA están en el gabinete jurídico municipal por si correspondiera reclamar alguna responsabilidad o devolución de algún importe, volviendo a negar que sus motivos sean de índole personal.
