El Ayuntamiento de Elche tendrá que hacer frente a un desembolso de 2,5 millones de euros para saldar cuatro años de atrasos en el pago de complementos de destino a los funcionarios municipales, un plus salarial que corresponde a cada puesto de trabajo y que tiene que ponerse al día (de forma prorrateada a lo largo de cinco años) para cumplir una sentencia que se dictó en 2008 y que está en fase de ejecución desde 2011, según dijo ayer el concejal de Recursos Humanos, José Pérez. El edil se mostró satisfecho de haber llegado a un acuerdo con los sindicatos, ensalzó la vocación de diálogo y consenso del actual equipo de gobierno (PSOE, Compromís e Ilicitanos por Elche) y reprochó al anterior, del PP, que dejara pasar toda la legislatura de 2011 a 2015 sin solventar un problema que viene de muy largo.
El responsable de Recursos Humanos aseguró ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) establece que no se puede aplicar el complemento de destino con criterios subjetivos (como la antigüedad o la asistencia a cursos de formación) puesto que ese añadido en el sueldo corresponde al puesto de trabajo y no a la persona que lo desempeña. Es decir, que hasta ahora no se concedía de forma objetiva. Por ello, obliga a revisar los complementos de destino de los funcionarios con la puntualización de que aquellos que tengan un grado alto ya consolidado no pueden verse perjudicados, de modo que la única solución según el concejal ha sido asignar a todos los funcionarios por igual el grado superior (no se podía optar, aclaró, por el grado básico o intermedio porque ello habría llevado a degradar el complemento de algunos, y volver a ver el asunto judicializado).
El edil añadió que esta aplicación del complemento de destino supondrá de ahora en adelante un aumento de la partida de personal de 600.000 euros al año que ya se verán incluidos en los presupuestos de 2016. El capítulo de personal supone unos 66 millones de euros, concretó, de los que 62 corresponden a las nóminas del personal (a los que se suman por ejemplo el abono por orden judicial de la paga extra suprimida en 2012, y que suma otros 2,2 millones de euros).
Con estas cifras sobre la mesa, José Pérez dijo que para la anterior corporación no acatar la sentencia supuso «un ahorro importante», mientras que para el actual equipo de gobierno supone «tener que abonar ahora los atrasos». En cualquier caso, dijo que «estamos hablando de la ejecución de una sentencia, no de un capricho o de una decisión arbitraria».
Impugnación
Por su parte, el sindicato CSI-F se quejó ayer mediante una nota de prensa «del tremendo error que ha cometido el concejal José Pérez al convocar la Mesa General de Negociación y no convocar al sindicato CSI-F». Así, la agrupación sindical adelanta que para defender sus derechos y los de sus afiliados «se verá obligado a impugnar todas las mesas que se convoquen así como los acuerdos adoptados en ellas, pues serán nulos de pleno derecho».
