Un cartel escrito a boli sobre un cartón, una colección de cajas de medicamentos que toma todos los días expuestos sobre una manta y una maleta de documentos para quien los quiera revisar. Esas son las armas de Claudiu Tomescu, vecino de Santa Pola, que inició hace cuatro días una huelga de hambre y que se ha instalado desde ayer en la puerta de la Ciudad de la Justicia. Reclama que se resuelva un error en una sentencia que le reconoce una indemnización por despido improcedente pero falla en la cantidad y en la antigüedad, y además espera que fijen con prontitud la fecha para juicios por un accidente laboral y un accidente de tráfico que le han dejado secuelas por las cuales tiene reconocida una incapacidad que no es total, pese a que así lo recomiendan sus informes médicos según asegura. Para todo ello saca de la maleta papel tras papel: «No he venido aquí a que nadie me diga que miento, sino a que alguien dé la cara», dice.
Lo que le tiene agotado, explica, es que en cada uno de los asuntos ha tenido que ir haciendo reclamaciones y recursos en los que le han ido dando la razón (auméntandole el grado de discapacidad por ejemplo) pero que le han costado dinero, tiempo y ilusión. Mientras, su pensión es de 393 euros y sus gastos fijos son 250 de alquiler, 40 de medicamentos, 20 de seguro de vida y abogados y 50 de agua y luz. Las cuentas, está claro, no le salen.
