La auditoría económica de la Comunidad General Riegos de Levante por parte de expertos externos designados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Elche ha comenzado esta semana y los técnicos se han instalado en dependencias de la sede del Parque Agroalimentario L'Alcúdia para comenzar a revisar la documentación que tendrá que aclarar si la querella presentada por El Canal debe prosperar. La querella se dirigía contra los anteriores dirigentes de Riegos de Levante, a quienes el juzgado ya ha tomado declaración el pasado 27 de octubre (cuando fueron citados Manuel Serrano, José Manuel Miralles, José Pagés y Ángel Urbina), y el siguiente elemento de análisis para esclarecer si existen indicios suficientes de los supuestos delitos económicos denunciados es la revisión pormenorizada de las cuentas.
El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer (quien sumió el cargo el pasado 30 de septiembre tras ser elegido en Asamblea General y es también presidente de El Canal), confirmó ayer que la auditoría se está realizando y que el personal de la comunidad está aportando toda la documentación que los expertos precisan. La querella planteaba hasta cinco presuntos delitos económicos relacionados con administración desleal, fraude de subvenciones, llevanza de doble contabilidad, estafa y falsedad en documento mercantil.
Según fuentes judiciales, el juzgado ha concedido un plazo de dos meses al perito judicial auditor para realizar un informe y presentar conclusiones. Con ellas y con la declaración de las cuatro personas que fueron citadas como querelladas o imputadas, la juez tendrá que decidir si continúa adelante la instrucción. En la querella se describían presuntas irregularidades contables entre 2008 y 2013, desde uso de subvenciones públicas para obras de modernización del regadío distintas a las que habían sido objeto de concesión, hasta contratación de condiciones bancarias perjudiciales para Riegos de Levante sin contar con aprobación de los órganos de decisión de la entidad, a ejecución de inversiones por encima de lo presupuestado o pago de facturas hinchadas o duplicadas.
