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Elche cumple un año sin depósito judicial desde que un preso tiró a patadas una reja

Las celdas de la Policía Local, que por ley tiene que poner el Ayuntamiento a disposición de los juzgados, siguen sin ser reparadas

Elche cumple un año sin depósito judicial desde que un preso tiró a patadas una reja

Ninguna administración ha asumido por el momento la responsabilidad de reparar las celdas de la Jefatura de Policía Local aunque hace ya un año desde que un preso tiró una reja a patadas y dejó bien claro que los calabozos no cumplen, en absoluto, las medidas mínimas de seguridad de un depósito carcelario. La ciudad de Elche está mientras tanto incumpliendo la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que dice llanamente que aquel municipio que sea cabeza de un partido judicial y no tenga cárcel debe tener un depósito a disposición de los juzgados. Ese depósito está en los sótanos de la Policía Local. Cerrado. Desde hace doce meses.

El que sacó a la luz las vergüenzas del calabozo no era especialmente corpulento. Ilicitano, 31 años, detenido el 8 de noviembre de 2014 a primera hora de la mañana por su implicación en un grave accidente de tráfico en la carretera de Torrellano del que se dio a la fuga y por el que se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, se mostró especialmente nervioso y violento durante las horas que estuvo encerrado. En una celda rompió parte de la instalación de fontanería, consiguió hacerse con una plancha metálica y un tornillo que esgrimió como armas para amenazar a los agentes; En la segunda comenzó a propinar golpes a la puerta y descolgó parte de un anclaje; Cambiado por tercera vez, de una patada derribó literalmente la reja y quedó libre (eso sí, encerrado en un pasillo y con otras cinco puertas de rejas que cruzar antes de conseguir salir a la calle, por lo que desde la Jefatura de Policía Local aclararon que nunca hubo riesgo de fuga).

Lo que sí hizo fue evidenciar que un edificio inaugurado tres años atrás -construido con un coste de ocho millones de euros del Plan Confianza de la Generalitat y recepcionado por el Ayuntamiento- estaba mal hecho, al menos en cuanto a medidas de seguridad. Las rejas, apenas sujetas a la pared con una capa de enlucido, no son propias de un depósito de detenidos y nunca deberían poder ser arrancadas, por eso las celdas no han vuelto a ser utilizadas desde entonces. Mientras tanto, las detenciones ordinarias que efectúa la Policía Local y los detenidos que tienen que ingresar en prisión por orden judicial son custodiados en la Comisaría de Policía Nacional o eventualmente en el puesto de la Guardia Civil de Santa Pola si hay necesidades de espacio.

De quién es la responsabilidad y a quién corresponde repararlo es algo que en un año nadie ha sabido aclarar. La Jefatura de Policía Local dio cuenta inmediatamente al Ayuntamiento y lo ha seguido recordando de forma periódica. La Conselleria de Gobernación y Justicia, responsable de la construcción de la obra, dice que el mantenimiento le corresponde al Ayuntamiento. El Ayuntamiento, por su parte, cree que no es una cuestión de mantenimiento sino de mala ejecución de la obra o en todo caso de vicios ocultos y que quizás toca echar mano de la garantía...

No ha dado tiempo en doce meses de aclarar si el pliego de condiciones por el cual se adjudicó la obra exigía que los calabozos tuvieran mayor seguridad de la que tienen (y si por lo tanto la culpa es de la empresa que los construyó), si los técnicos que recepcionaron la obra y aprobaron las certificaciones comprobaron o no que el depósito estuviera bien hecho (y qué administración es responsable en consecuencia), si la garantía de la construcción puede ejecutarse para este caso (y con qué celeridad hay que actuar si es así)... O, al menos, si hay respuesta a esas cuestiones no se ha ofrecido públicamente pese a las reiteradas preguntas de los medios.

Resolver

Preguntada por este asunto, la concejala de Seguridad de Elche, Cristina Martínez, asegura que desde el principio del mandato se ha interesado por resolver esta carencia; una reparación que, según ha podido constatar, no es ni sencilla de ejecutar ni barata, puesto que no se trata de fijar la reja de nuevo sino de revisar la seguridad del depósito y quizás volverlo a hacer. El alcalde, Carlos González, recogió el guante que la comisaria del Cuerpo Nacional de Policía, María Jesús Bustos, le lanzó en el día de su patrón a principios de octubre al pedir que se resolviera la situación. El regidor aseguró que el equipo de gobierno asumiría resolver esta patata caliente que había dejado el anterior gobierno (que, por cierto, lo consideraba una herencia del anterior equipo socialista, que fue el que mandaba en el Ayuntamiento mientras se construía la Jefatura). Aún no se sabe si quiera cuál sería el coste.

En el último año, el cambio de responsables en las administraciones local y autonómica tras las elecciones de mayo seguramente haya dejado muchos asuntos en el cajón o sobre la mesa. Y seguramente este sea sólo uno más. Mientras tanto, la situación se resuelve con una ejemplar colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad que agradece el intendente general jefe, Francisco Bernabeu, aunque aquellos a los que corresponde resolverlo no están en la Jefatura, en la Comisaría o en el Cuartel, sino en las administraciones en las que se fraguó la construcción del edificio.

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