La Subdelegación del Gobierno en Alicante emitió ayer una resolución por la que ha requerido al alcalde de Elche, Carlos González, que anule su decreto de fecha 15 de septiembre de 2015, mediante el cual convocó las elecciones a pedáneos, que precisamente se fijaron para hoy.
Frente a ello, el Ayuntamiento de Elche emitió un comunicado ayer por la tarde en el que informaba que esta consulta «continúa adelante con normalidad», para insistir en que hoy se podrá ejercer el derecho al voto en las partidas rurales.
«El Ayuntamiento de Elche quiere comunicar a los ciudadanos que el proceso participativo para la designación de pedáneos continúa adelante con normalidad, por lo que invita a los vecinos a la participación, mañana -por hoy- día 7 de noviembre», según se recoge en la nota de prensa difundida ayer.
El Ayuntamiento de Elche tuvo notificación ayer de un «requerimiento de anulación» de dicho decreto. En el mismo se asegura que la convocatoria no se ajusta a derecho y que incumple determinados preceptos legales.
La Subdelegación del Gobierno indica en su requerimiento que con fecha de 13 de octubre de este año se recibió un escrito de Diego Agulló (expedáneo de Maitino y número 20 de la lista del PP en las pasadas elecciones municipales de mayo) con copia del decreto, así como que «esta Subdelegación del Gobierno tuvo conocimiento» a través de un enlace de internet del decreto en cuestión.
Ese mismo día, la Subdelegación pidió a la Abogacía del Estado en Alicante informe sobre la legalidad de dicho decreto -«sin pedir ninguna documentación o informe previo al Ayuntamiento», lamentan fuentes municipales-.
El 22 de octubre se recibe el informe de la Abogacía «el cual señala que el citado decreto del Ayuntamiento de Elche no se ajusta a derecho», y, al día siguiente, Subdelegación solicita al Consistorio ilicitano -«cuando ya estaba redactado el informe de la Abogacía», matizan de nuevo desde el equipo de gobierno local- documentación sobre el decreto, «a los efectos de comprobar su adecuación al ordenamiento jurídico vigente».
El pasado jueves la Subdelegación recibía la documentación del Ayuntamiento, aunque en ella, se recoge en el requerimiento remitido ayer, «no se encuentra ningún informe técnico que justifique la aprobación de dicho decreto».
A partir de aquí la resolución de Subdelegación del Gobierno destaca tres conclusiones basadas en el informe de la Abogacía del Estado.
La primera recoge que «existe una mezcla y confusión de diferentes figuras jurídicas. Entendemos que no estamos ante un supuesto de consulta vecinal (...). No obstante, tampoco se cumplirían los requisitos formales y materiales para entenderla convocada con arreglo a derecho».
«Extemporánea»
La segunda expresa que la consulta «no puede servir de cauce para la elección de alcaldes pedáneos, ya que el Ayuntamiento de Elche no tiene la posibilidad de hacer tales procesos electorales y en todo caso se realizan de forma extemporánea al no coincidir con las elecciones municipales. Existen serias deficiencias democráticas en la instrumentalización de la consulta por apartarse gravemente de las garantías establecidas en la LOREG -Ley Orgánica del Régimen Electoral General-».
La tercera conclusión llega a hablar de que la elección de representantes de barrio es una figura distinta a la de alcalde pedáneo y «elegirlo de esta manera supondría un retorcimiento del ordenamiento jurídico de tal violencia que se desvirtuaría por la vía del fraude todo el régimen jurídico de tales instituciones, además de vaciar de contenido la propia reforma de la ley 27/2013 destinada a la supresión de entidades locales menores para racionalizar la administración y reducir los costes y el objetivo de déficit».
Se añade además que se podría llegar «al absurdo de que los representantes del alcalde, elegidos ab initio democráticamente pueden ser removidos por el propio alcalde cuando lo juzque oportuno en uso de sus facultades, lo cual contradice el espíritu que defiende tener la consulta».
Frente a ello, desde el equipo de gobierno se informaba de que había recibido ayer por la mañana, vía fax, «un escrito de la Subdelegación del Gobierno en el que se solicita la anulación del decreto que lo ordena, y por el que se pone en marcha este mecanismo de participación ciudadana, pero no del proceso en sí, por lo que mañana sábado -por hoy- la consulta seguirá su cauce». El horario sigue siendo de 10 a 18 horas y están convocadas cerca de 34.500 personas, que podrán elegir entre 102 candidatos repartidos entre una treintena de pedanías.
El equipo de gobierno asegura además que ya ha encargado al secretario del Ayuntamiento un informe jurídico sobre este escrito. «En base al informe que realice la asesoría jurídica, el equipo de gobierno actuará, siempre ajustándose a la legalidad», añaden.
Un mes de plazo
Fuentes del equipo de gobierno añadieron además que en la resolución se hace referencia al artículo 65 de la Ley Reguladora de las bases de Régimen Local, el cual, según informaron, establece que habría un mes de plazo para acometer la anulación, pero además, según el 65.3, la Administración local puede rechazar ese requerimiento. «No es firme para nada», aseveran.
El grupo municipal del PP consideró ayer «muy grave» que se continúe con esta «pantomima» y «si siguen adelante van a ser responsables no sólo de una ilegalidad, sino posiblemente de varios ilícitos, tal vez de tipo penal». «Nos parece gravísimo que haya una resolución y se siga adelante», añadieron desde las filas populares.
Además, en el centro de la ciudad aparecieron ayer por la tarde varios carteles en las fachadas criticando que «el Ayuntamiento no respeta las órdenes de la Subdelegación. ¿Qué pasaría si los ciudadanos no las respetáramos?».
