La falta de personal técnico en servicios de Bienestar Social está repercutiendo negativamente sobre los beneficiarios de los servicios, en muchos casos menores que ven espaciadas sus citas o directamente interrumpidos los seguimientos a los que estaban siendo sometidos para preocupación de sus padres, que en algunos casos han interpuestos quejas al Ayuntamiento y que sobre todo reclaman que se cubran las vacantes que se han generado en los últimos meses. En concreto, el Servicio Especializado de Atención a Familias e Infancia (SEAFI) cuenta con 211 intervenciones en las que están implicados menores, según los datos hechos públicos por la Concejalía de Bienestar Social, mientras que desde junio sólo tiene trabajando a dos de los cuatro psicólogos que deberían estar asignados a este servicio.
Eso se ha traducido en quejas concretas, como la de Encarnación (los apellidos se omiten para proteger la intimidad del menor), cuyo hijo de 15 años lleva desde junio sin ser citado para atención psicológica. Le derivaron desde su instituto por un problema de conducta y también a sus padres para reforzar el trabajo en casa, pero su psicóloga se despidió en junio porque se le acababa el contrato: «Desde entonces estoy llamando y me siguen diciendo que no la han sustituido aún, que ya me avisarán, y tengo entendido que han redistribuido el trabajo entre el resto del personal pero eso se traduce en una atención deficiente y lo que estábamos empezando a ver que mi hijo iba avanzado se está perdiendo», cuenta la madre, que ya en agosto puso una reclamación en la OMAC (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano) solicitando que le asignen otro psicólogo.
«Nos dicen que están en ello pero aún no hay personal sustituto», lamenta, reclamando que se pongan soluciones porque para los menores que son atendidos por Bienestar Social, el tiempo juega en contra y la atención periódica y sostenida puede ser fundamental.
En ese departamento del SEAFI -ubicado en el Centro Social Altabix-Universidad (avenida Jubalcoy)- se atiende a familias que acuden voluntariamente para intervención «desde el contexto de terapia, orientación o mediación», según el Ayuntamiento, que a la luz de los datos hechos públicos por la Concejalía de Bienestar Social se encuentra en los últimos dos años con un aumento de intervenciones significativo, con 35 nuevos casos registrados en la primera mitad de 2015.
Libertad vigilada
No es el único lugar en el que los usuarios aprecian deficiencias. Llegan también al Centro Social de Palmerales, donde se ubica el Equipo de Medidas Judiciales, que abarca la atención en internamiento y en medio abierto, medidas impuestas por un juzgado y de obligado cumplimiento.
«Mi hijo de 17 años debería estar cumpliendo la libertad vigilada que dictó una jueza en junio, pero desde hace más de un mes no tiene seguimiento alguno, puesto que la Concejalía no ha cubierto la plaza vacante del trabajador social que le fue asignado», cuenta Beatriz, quien remitió un burofax a Bienestar Social la semana pasada transmitiendo su inquietud y haciendo responsable al Ayuntamiento de los posibles perjuicios para el menor y su entorno de esa falta de atención que denuncia.
En su caso, sostiene Beatriz que «mi hijo de 17 años ha estado en varios centros de menores, en junio una juez dictó medidas de libertad vigilada en lugar de un ingreso o internamiento y comenzó a ser atendido una vez por semana en el Centro Social de Palmerales, desde donde se le programan talleres o hacen pruebas de consumo de sustancias, pero a la vuelta de un viaje autorizado en septiembre nos encontramos con que la trabajadora social ya no estaba y que tenía que esperar a que le llamen cuando le asignen un nuevo técnico».
De eso hace un mes y medio, tiempo durante el cual su madre sostiene que no ha sido sometido a vigilancia ni seguimiento en contra de la orden judicial, hasta el punto de que ha considerado notificarlo a la Fiscalía de Menores. «He llamado muchas veces, y hace unos días me han dicho que otro trabajador social se había hecho cargo de su expediente y que ya le citarían», cuenta, mientras se encuentra angustiada al ver pasar el tiempo sabiendo que su hijo no está yendo al instituto y se agudiza «una situación de alto riesgo, con un historial complicado». «Lo que queremos -concluye- es que se le controle para que no vaya a peor».
