La denuncia verbal ante la Policìa Autonómica de una pareja de empresarios de Elche ha podido ser el detonante para la dimisión de Puri Vives. Ayer comparecieron públicamente los propietarios de una escuela de verano para dar a conocer «amenazas» y un «empecinamiento» contra ellos «sin saber por qué» por parte de responsables del área municipal de Aperturas para no colaborar con la normalización de su negocio, que reconocen que se encuentra en situación ilegal, pero «al igual que más de 1.000 empresas en Elche», según afirmaron.
Se da la circunstancia de que entre las personas de las que en su día recibieron presuntamente amenazas, siempre segúnlos denunciantes, se encuentra Purificación Vives, exresponsable de la Concejalía de Aperturas, además de una asesora y una técnico municipal.
Rogelio Peral y Raquel Pastor, dueños de Natural School -actualmente precintada por carecer de los correspondientes permisos, aunque la pareja lleva desde 2012 intentando legalizar su situación y afirman que nunca se han negado a ello, a la vez que mostraron diversa documentación al respecto-, señalaron ayer en rueda de prensa que las amenazas vinieron cuando se pusieron a investigar por qué el nuevo equipo de gobierno se empeñaba en cerrar su negocio mientras otros muchos -nombraron algunos muy conocidos- llevaban abiertos desde hace años pese a estar de forma ilegal.
Al investigar, Rogelio Peral aseguró ayer que había podido «contrastar» con la propia Concejalía de Aperturas que en Elche «hay más de 1.000 empresas abiertas sin licencia», para añadir: «Mi sorpresa fue cuando tuve conocimiento de que la concejala de Aperturas tiene una empresa que regenta su marido y que tampoco tiene licencia de apertura».
Peral dijo además que el marido de la exconcejala tiene «tres ó cuatro empresas» en esta situación, mientras insistía en que ellos están siendo víctimas de una situación injusta, donde el Ayuntamiento «ha hecho oídos sordos», al tiempo que criticaba que hubiera un doble rasero.
«Basta ya de amenazas por parte del Ayuntamiento. Basta ya de tanto amiguismo, dedismo», para subrayar de nuevo que habían recibido amenazas para que dejaran de investigar sobre la situación empresarial del marido de la exconcejala, con la cual aseguran que sólo mantuvieron una reunión la primera semana de agosto, cuando les llegó la orden de cerrar su escuela de verano en plena temporada alta, con cerca de 35 trabajadores y jóvenes recién llegados de distintos países, reunión de la que salieron descontentos.
Al final para no crear alarma social y tras una orden judicial, el negocio se precintó el último día de curso de su granja escuela, el 29 de agosto, pero los propietarios se quejan de que se dispusiera un gran despliegue policial «como si fuéramos narcotraficantes».
La pareja no quiso ayer hacer especulaciones de si la dimisión el pasado martes de Vives tiene que ver con los temas empresariales de su marido, aunque sí afirmaron que les había llegado que la situación de la pareja de la exedil podría ser ilegal «y lo pusimos en conocimiento de la Policía Autonómica, que actúa de oficio», hace tres semanas. «Nos consta que han visitado las instalaciones y han abierto expediente», afirmaron.
En cualquier caso, critican la forma de actuar de Aperturas y recuerdan que se ha dejado en la calle a 35 trabajadores dados de alta y a esta pareja sin ingresos.
