La Conselleria de Justicia y en concreto la Dirección General de Justicia conocen el precario estado en que se encuentra el Registro Civil de Elche, la falta de personal para llevar a cabo los trámites de una población de 290.000 personas, la reventa de números que se ha originado a raíz de los meses y meses de espera que hay que asumir para conseguir una cita, los problemas de orden público que se están generando ante el mostrador por la desesperación de ciudadanos que obligan a intervenir a la Guardia Civil... Pero no tiene prevista a corto plazo una solución ni siquiera con personal de refuerzo. Al menos, hasta que se establezca a nivel autonómico un plan de reforma o de revisión de la estructura de personal de los registros civiles de toda la Comunidad Valenciana, pues según informaron fuentes oficiales a este diario «la Conselleria tiene constancia del atasco de los registros civiles de la Comunidad Valenciana, especialmente en el caso de Elche, y se están estudiando la revisión de medios materiales y humanos para aplicar cambios en todos los registros de la Comunidad; en breve se anunciarán».
Así, mientras un plan de choque o de actuación para todos los registros se cocina en la administración autonómica, las miserias en Elche continúan agravándose. Y es que sólo hay ocho funcionarios para atender a la población de Elche, Santa Pola y Crevillent (los dos últimos municipios con determinados trámites derivados a sus juzgados de paz, pero no todos), lo que conlleva, por ejemplo, que el mes de agosto se tenga que declarar inhábil para ciertas gestiones por falta de manos mientras en otros lugares siguen en marcha.
El pasado mes de junio la Dirección General de Justicia decidió no renovar el contrato de refuerzo a una funcionaria que llevaba tres periodos de seis meses trabajando en Elche como apoyo. Al mismo tiempo se decidió renovar durante tres meses exclusivamente a la otra funcionaria de apoyo (con la misma antigüedad), de modo que su contrato termina el 30 de septiembre sin que nada se conozca de las previsiones en torno al personal.
Cuando se tomaron esas decisiones, desde el propio juzgado se envió una petición formal a la Conselleria para que mantuviera los refuerzos, que no son más que un parche para un problema mucho mayor, que es la falta de personal sostenida a lo largo de los años. La insuficiencia de la plantilla ha ido provocando que la situación se agrave progresivamente, hasta el punto de que para conseguir una cita para atención general hay que esperar semanas, las agendas están cerradas para iniciar los trámites de nacionalidad porque el próximo año está completo, los matrimonios civiles se están celebrando con un año y medio de demora con respecto al momento en que la pareja decide pedir cita para iniciar el expediente.... Todo eso viene redundando en problemas de seguridad, en condiciones de trabajo de presión para los trabajadores (que ya han sido denunciadas por sindicatos) o en un mercado negro de reventa de números al que tienen que acudir sobre todo los inmigrantes que pretenden comenzar los trámites para pedir la nacionalidad española.
En tromba
En la zona del Baix Vinalopó, con mucha presencia de inmigrantes del norte de África, se está dando además la circunstancia de que marroquíes o argelinos están pidiendo en tromba nacionalizarsepidiendo en tromba nacionalizarse. Y es que se cumplen diez años de las medidas que articuló el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para que se pudiera acceder a la nacionalidad después de diez años de residencia en España.
De todo ello, la Conselleria de Justicia dice tener constancia e intención de hacer cambios. La propia consellera de Justicia, Gabriela Bravo, anunció que próximamente visitará la Ciudad de la Justicia de Elche para conocer sus carencias, y el alcalde, Carlos González, aseguró en campaña que batallaría por hallar soluciones. Con todo, por el momento no se han puesto ni medidas paliativas temporales, a pesar de que lo han pedido colegios profesionales de abogados y procuradores, magistrados o sindicatos, y de que desde la oposición tanto PSOE como Compromís exigieron el mandato pasado respuestas urgentes.
