La acusación particular elevará la petición de pena para los dos acusados

Añaden que la exedil cobró 400 euros de sueldo durante 53 meses a pesar de que los estatutos lo prohibían

18.08.2015 | 01:26
La acusación particular elevará la petición de pena para los dos acusados

La asociación Integra-T tendrá que presentar en breve su propio escrito de acusación particular. La entidad, representada por el abogado Iván Padilla, aún tiene unas semanas de plazo para ello y el letrado adelantó a este diario que incluirá más hechos delictivos en su calificación, en concreto que Margarita Maciá habría cobrado desde 2006 hasta 2010 un salario de 400 euros mensuales por su cargo de presidenta de Integra-T pese a que los estatutos prohibían que su cargo fuera remunerado (y que lo hizo a sabiendas, porque cuando se aprobó que la presidencia fuera sin sueldo ella ya desempeñaba el cargo). Por ello, solicitarán que reintegre los 21.200 euros que habría ingresado ilícitamente en ese periodo de 53 meses.

Además, la acusación particular sostiene que se habría apropiado de bienes inmuebles de la asociación valorados por un perito judicial en 3.890 euros (ordenadores, pantallas y demás material), lo cual sería otro elemento a añadir al delito continuado de apropiación indebida. Por todo ello, la acusación particular pedirá que la pena por ese delito sea de tres años y no de dos y medio, como pide el fiscal, de modo que la pena privativa de libertad total sería de seis años para la expresidenta y exconcejala. En cuanto al marido de esta, el abogado Iván Padilla expone que la asociación solicitará que la pena de prisión sea de dos años y medio y no de uno y medio, como ha solicitado provisionalmente el fiscal.

En cuanto a la responsabilidad civil, Integra-T reclama que además de las cuotas de la Seguridad Social y los importes correspondientes a los cheques y pagarés, Maciá devuelva también los 21.200 euros de honorarios y los 3.890 euros de los bienes muebles.

Finalmente, expone la acusación particular que Inspección de Trabajo sancionó a Integra-T con 6.250 euros por la contratación fraudulenta del marido de Maciá y segundo acusado, de modo que –en la línea de lo que solicita también el fiscal– reclama que ese importe sea devuelto a la agrupación de discapacitados.

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