Cuando casi parece que no puede ir a peor, el Registro Civil de Elche continúa desbordándose por todos los extremos. Mientras casarse por el juzgado en la ciudad es misión imposible en menos de dos años, mientras obtener una simple cita para ser atendido de trámites generales se demora unos tres meses, la montaña de expedientes para tramitar nacionalidades sigue creciendo de forma desorbitada. La demanda masiva de ciudadanos magrebíes -de forma especialmente destacada marroquíes, pero también argelinos- ha incrementado el trabajo hasta prácticamente duplicarlo en los últimos dos años. Y es que en los primeros seis meses de 2015 se han registrado 1.420 peticiones de ciudadanos que pretenden obtener la nacionalidad española, el 90% de ellos del norte de África, una cifra que casi dobla a la de 2013 (cuando en el mismo periodo fueron 849 solicitudes) y que está cerca de igualar a la de 2014 completo (que se cerró con 1.600 casos), según las fuentes judiciales consultadas por este diario.
El motivo del drástico aumento de solicitudes estriba, según las mismas fuentes, en que se cumplen diez años de las modificaciones legislativas que introdujo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con la regularización de inmigrantes. La nacionalidad española se puede obtener cuando se demuestran diez años de residencia en el país de forma legal y continuada, una situación en la que se están encontrando ahora miles de vecinos que se acogieron a la regularización en 2005.
Población
Se trata sobre todo de personas que proceden de Marruecos y de Argelia porque son el 28% de la población extranjera del municipio, según el informe estadístico de población publicado por el Ayuntamiento de Elche este mismo año. Los que proceden de Sudamérica, por su parte, suponen el 24%, pero tal y como establece el Ministerio del Interior los nacionales de países iberoamericanos pueden adquirir la nacionalidad española a los dos años de residencia legal en España, de modo que sus solicitudes se cursaron mucho antes. Es por ello, según fuentes judiciales, que la inmensa mayoría de trabajo en torno a las nacionalidades se concentra en estas procedencias y se da en este momento, desbordando por completo el servicio habida cuenta de que hay un solo funcionario para atender estos trámites, mientras que en los registros civiles de Alicante hay cinco para una población similar a la del partido judicial de Elche.
En estas circunstancias se dan situaciones sobre las que ha informado este diario de forma repetida, como el hecho de que las agendas estén completas para un año y cerradas, que se haya generado un mercado ilícito de venta de turnos por los que se llegan a pagar hasta 200 euros o que los expedientes tarden en tramitarse cerca de un año. Teniendo en cuenta que un ciudadano que pretenda iniciar ahora los trámites no conseguiría cita para antes de un año (y ello si tuviera la «suerte» de hacerse con uno de los huecos que sólo duran unas horas cada vez que se abre en la plataforma de cita previa por internet) y que después tendrá que esperar otro año más a que su expediente se envíe a Madrid. Obtener la nacionalidad para un residente en el Baix Vinalopó resulta mucho más difícil que para otro que resida en otro partido judicial, generando un agravio comparativo que no afecta sólo a los usuarios sino también a los funcionarios, que se encuentran atendiendo a unas 30.000 personas de ratio mientras que los funcionarios de la capital de la provincia «tocan» a 10.000.
